Todos los funcionarios de la Cámara de Diputados de Chile deberán someterse a exámenes para determinar si son consumidores de drogas, resolvió hoy la mesa de esa rama legislativa en Valparaíso, 120 kilómetros al oeste de Santiago.
Es probable que los 120 diputados resuelvan voluntariamente aplicarse también los exámenes antidrogas, a raíz de la detención en julio de cinco funcionarios que conformaban una red que vendía cocaína al interior del recinto parlamentario.
La decisión de la mesa que preside el socialista Jaime Estévez afectará a unos 400 empleados de la Cámara de Diputados en su sede de Valparaíso.
El juez Roberto Contreras está procesando a los cinco funcionarios, detenidos a comienzos de julio tras una discreta investigación de la policía antinarcóticos que en diciembre de 1995 recibió una denuncia sobre narcotráfico en el Congreso.
La existencia de la red, cuyos reales alcances aún se desconocen, han puesto en tela de juicio el prestigio del Parlamento, que estuvo clausurado entre 1973 y 1990, bajo la dictadura del general Augusto Pinochet.
La mesa de la Cámara no está en condiciones de ordenar a los diputados que se practiquen los exámenes antidrogas, pero los dirigentes de cuatro partidos anticiparon que instruirán a sus diputados para que se sometan igualmente a las pruebas.
Los partidos que se pronunciaron en ese sentido son el Socialista (PS) y el Demócrata Cristiano (PDC), de la gobernante coalición de centroizquierda, y Renovación Nacional (PRN) y Unión Demócrata Independiente (UDI), de la oposición derechista.
El oficialista Partido Por la Democracia (PPD) está evaluando la decisión que adoptará, así como los pequeños partidos Radical Socialdemócrata (gobiernista) y Unión de Centro-Centro Progresista (opositor).
Varios diputados del PRN y la UDI se hicieron "test" sobre drogadicción en 1995, en un virtual emplazamiento a los legisladores del gobierno, luego de que un ex ministro afirmara que "hay parlamentarios consumidores de drogas".
Francisco Javier Cuadra, quien fuera ministro y embajador ante el Vaticano durante la dictadura de Pinochet, fue sentenciado a 540 días de presidio remitido (sin encarcelamiento) por injurias y calumnias, ya que no probó sus afirmaciones.
Estévez ha dicho que no hay relación entre el caso Cuadra y el proceso contra los cinco funcionarios, en tanto dirigentes de la UDI afirman que este nuevo caso ratifica la veracidad de las declaraciones que el ex ministro hizo en enero de 1995. (FIN/IPS/ggr/dg/ip/96
