La Corte Suprema de Justicia de Chile ratificó hoy la aplicación de la ley de amnistía de 1978 a dos militares acusados por el asesinato del ciudadano español Carmelo Soria, cometido en julio de 1976.
Al cerrarse definitivamente las posibilidades de sanción en Chile del crimen cometido por agentes represivos del estado, el caso sería llevado a la Corte Internacional de Justicia de La Haya, según anteriores anuncios de la familia Soria.
La amnistía en favor del coronel Guillermo Salinas y del sargento José Ríos San Martín, ambos ya retirados del Ejército, fue dictada en primera instancia el 4 de junio de este año por Eleodoro Ortiz, juez especial de instrucción del caso.
Al ratificar por unanimidad el fallo de Ortiz, el máximo tribunal desestimó la apelación del abogado de la familia Soria, Alfonso Insunza, quien argumentó la inaplicabilidad de la amnistía expedida por la dictadura del general Augusto Pinochet (1973-90).
Insunza invocó convenios internacionales suscritos por el estado chileno de protección a personas con rango diplomático, incluyendo a funcionarios de Naciones Unidas, y que tienen preeminencia por sobre leyes locales.
El fallo de la Corte consignó que Soria era funcionario del Centro Latinoamericano de Demografía de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) de Naciones Unidas, pero planteó que no fue acreditado que tuviera un cargo ejecutivo en ese organismo.
No obstante, al tenor del dictamen se ratificó a la vez que el homicidio del ciudadano español fue obra de la brigada "Mulchén" de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), la policía secreta de Pinochet a cargo de la represión política entre 1974 y 1977.
Soria fue secuestrado el 14 de julio de 1976 por militares que prestaban servicios en la DINA, y murió como consecuencia de las torturas, según testimonio de Michael Townley, un estadounidense que fue agente de ese cuerpo represivo.
El homicidio tuvo lugar en la residencia que el propio Townley alquilaba en Santiago por cuenta de la DINA y se intentó enmascararlo como un accidente por ebriedad, lanzando el día 15 el cadáver de Soria a un canal de regadío dentro de su propio automóvil.
El caso fue archivado por los tribunales en 1978 como "homicidio sin acreditación de culpables" y sólo se lo reabrió en 1991, bajo el gobierno democrático de Patricio Aylwin, que acogió solicitudes al respecto del gobierno de España y de Naciones Unidas.
En 1993 la justicia militar aplicó por primera vez la ley de amnistía al caso Soria, pero la decisión fue revocada por la Corte Suprema que designó un ministro especial, tras ostensibles presiones diplomáticas del gobierno español de Felipe González.
En el proceso se demostró la participación en el caso de seis miembros del Ejército, incluyendo a tres coroneles aún en servicio activo, pero finalmente se inculpó del homicidio sólo al coronel Salinas y al sargento Ríos San Martín, favorecidos ahora con la amnistía. (FIN/IPS/hd/ggr/96
