El nuevo régimen de Burundi está dispuesto a enfrentar la presión de los países vecinos y de la Organización para la Unidad Africana (OUA), que le critica por haber surgido de un golpe de estado.
"Esto es un malentendido. Esperamos que lleguen a comprender las razones que nos llevaron a dar el golpe", dijo a IPS el portavoz del ejército de Burundi, coronel Longin Minani, por vía telefónica desde Bujumbura, la capital del país.
"Hemos preferido frenar el genocidio. Entre la muerte y las sanciones en nuestra contra, preferimos detener la muerte y soportar las sanciones, porque a la larga serán levantadas", explicó Minani.
El militar sostuvo que "no hay modo" de que los países africanos "sofoquen a un pueblo que está luchando por el fin de una sangría que ya lleva tres años".
Los presidentes de los países del este y el centro de Africa resolvieron en una cumbre celebrada el 31 de julio en Arusha, Tanzania, la imposición de sanciones económicas contra Burundi en réplica al golpe de estado militar efectuado el día 25 de ese mes.
La cumbre también reclamó la restauración de la Asamblea Nacional (Congreso), disuelta por el nuevo presidente, mayor Pierre Buyoya, y el levantamiento de la prohibición a la actividad de los partidos políticos.
El gobierno sostiene que no tuvo más opción que el golpe. "Con las masacres diarias que amenazaban con convertirse en generalizadas, no hubo alternativa posible", según un comunicado emitido por la oficina de Buyoya.
"No había salida a este drama. La clase política y el régimen, prácticamente, se habían rendido. El país estaba abandonado a la violencia", agrega el comunicado.
El actual régimen manifestó que el golpe era un paso hacia la apertura de un diálogo y un debate nacional.
Pero algunos grupos políticos y sociales de Burundi consideran que la ruptura institucional completó la estrategia iniciada por integrantes de la minoritaria etnia tutsi hace tres años para recuperar el poder, perdido tras las elecciones de mediados de 1993.
De esos comicios surgió el primer presidente perteneciente a la mayoritaria etnia hutu, Melchior Ndadaye, asesinado durante un golpe de estado que fracasó en septiembre de ese mismo año y a quien sucedió el hoy derrocado Sylvestere Ntibantunganya, también hutu.
La muerte de Ndadaye detonó las luchas étnicas que afectaron tanto a hutus como a tutsis en 12 de las 15 provincias de Burundi.
Decenas de miles de personas fueron asesinadas en "masacres de naturaleza genocida contra tutsis y hutus que se manifestaran en favor de la unidad nacional", según un grupo de asociaciones provinciales y comunitarias de promoción al desarrollo en un informe difundido en julio de este año.
En ese documento de 800 páginas se acusa al entonces principal partido de la coalición de gobierno, el Frente para la Democracia en Burundi (Frodebu), de mayoría hutu, de estar detrás del asesinato de tutsis.
"La orden procedió del doctor Jean Minani, ministro de Salud de la época y hoy presidente del Frodebu", indica el informe.
Los activistas también acusaron a Minani de usar las emisiones de Radio Ruanda y Radio-Televisión de Milles Collines para alentar la masacre entre la población Burundi.
Por otra parte, integrantes del Frodebu sostuvieron, en coincidencia con grupos de defensa de los derechos humanos, que el ejército también cometió atrocidades contra los hutu.
Agencias de asistencia y diplomáticos estiman que la gente que murió en los tres años de conflicto racial fueron más de 150.000.
El ex presidente de Tanzania Julius Nyerere ha intentado mediar, pero sus gestos fueron ineficaces en un país fracturado por el temor al exterminio que cunde entre sus dos principales comunidades raciales.
Las sospechas mutuas y el odio étnico alimentado por asesinatos y réplicas atribuidos a militares y al brazo armado del Consejo Nacional de Defensa de la Democracia (CNDD), grupo opositor en el exilio que lidera el ex ministro del Interior Leonard Nyangoma, dificultaron la tarea de Nyerere.
Según un activista en derechos humanos de la región, el golpe destrozó la iniciativa de Nyerere, pues la campaña de presión sobre el régimen militar de Burundi implica compromisos con el CNDD como medio de allanar la crisis.
Nyerere comparte esa idea con Jeff Drumira, miembro del Comité para Refugiados de Estados Unidos, quien cree que "Buyoya debería ofrecer negociaciones con los rebeldes sin condiciones previas".
"Aunque un cese del fuego en la guerra civil es deseable, el hecho de que no se concrete no debería esgrimirse como excusa para postergar las conversaciones", agregó Drumira.
Pero el gobierno militar descartó eventuales negociaciones con el CNDD. "No puede haber conversaciones con Nyangoma, pues él debe ser juzgado primero para que lave sus manos, manchadas por la sangre de burundianos inocentes", afirmó Minani.
"Si nadie en Occidente hablaría con terroristas, ¿por qué ese extremo debe ser impuesto a Burundi?", se preguntó el portavoz del ejército en su diálogo con IPS.
El régimen de Buyoya opina que, en lugar de democracia, el país era gobernado a través de una etnocracia.
De acuerdo con un diplomático burundiano perteneciente a la Unión para el Progreso Nacional (Uprona), segundo partido de la coalición de gobierno, de mayoría tutsi y tradicional aliada del ejército, el problema despertó demasiadas pasiones en la región.
En ese sentido, recordó que el ex primer ministro de Tanzania, John Malecela, dijo en una sesión parlamentaria que su país debería "entregar garrotes a los hutu para matar a las 'serpientes"', término con que comenzó a denominarse a los tutsis durante el genocidio de 1994.
"La declaración de Malecela es apenas un ejemplo de la visión sesgada de algunos dirigientes respecto de nuestros problemas internos", declaró el diplomático, quien reclamó reserva sobre su identidad.
El funcionario se lamentó de que "ciertas personas han vertido constantemente combustible sobre el creciente fuego que está devorando" a Burundi.
Minani, por su parte, manifestó que la declaración de Malecela "es muy desafortunada, pues procede de un político destacado". "De todos modos, es su idea y no refleja la posición del pueblo y el gobierno de Tanzania, ni del mediador" Nyerere, añadió.
Mientras tanto, la presión se acumula sobre Bujumbura.
Uganda y Kenia siguieron los pasos de Tanzania al manifestar la necesidad urgente de imponer un bloqueo económico total sobre Burundi, un país sin costas marítimas.
El Programa Mundial para la Alimentación (WPF) manifestó su preocupación ante la eventualidad de que tal embargo empeore las condiciones de vida de cientos de miles de burundianos, pues supondría el bloqueo del suministro de material de asistencia.
Además, advirtió que la interrupción del flujo de alimentación de emergencia, medicinas y combustible agravaría la tensión étnica.
El gobierno de Buyoya sostiene que no existen razones valederas para el mantenimiento de esas sanciones y asegura que el golpe tuvo como propósito evitar el caos. "Todo el país está tranquilo ahora, y muchos rebeldes del CNDD comenzaron a entregar sus armas al ejército", dijo Minani.
El portavoz del ejército informó que unos 50 guerrilleros tuvieron esa actitud este lunes en la provincia nororiental de Cibitoke.
El régimen considera las acusaciones de matanzas contra los hutu atribuidas al ejército en un reciente informe de las Naciones Unidas es parte de una campaña en su contra.
"Obviamente, existe una conspiración, pues los autores del informe nunca hablaron antes sobre estos asesinatos y nunca condenaron las masacres de mujeres y niños tutsi que se atribuyó el propio CNDD", argumentó Minani.
"Lo que deseamos de la comunidad internacional es comprensión y asistencia para lograr nuestros objetivos", concluyó. (FIN/IPS/tra-en/jbk/jm/mj/ip hd/96
