Amnistía Internacional (AI) dijo hoy que la orden de destitución de jefes militares implicados en las masacres étnicas dada por el presidente de Burundi, Pierre Buyoya, no garantizará el fin de las violaciones de los derechos humanos de parte del ejército.
La medida "no conducirá a un cambio de la noche a la mañana en la cultura del ejército", dijo Godfrey Byaruhanga, vocero de AI.
En lo que se percibe como una medida por aliviar las presiones y sanciones económicas contra Burundi, Buyoya destituyó el martes a tres altos comandantes del ejército, liderado por la minoría étnica tutsi.
Entre ellos separó del cargo a Jean Bikomago, jefe de la armada implicado en el asesinato en 1993 del primer presidente electo democráticamente en el país africano, Melchior Ndadaye, pertenceciente al grupo hutu.
Las sanciones contra el estado de Africa central fueron impuestas por Kenia, Ruanda, Tanzania y Uganda, inmediatamente después del golpe del 25 de julio, el cual reemplazó al gobierno civil del presidente Sylvestre Ntibantunganya por una junta tutsi liderada por Buyoya, quien gobernó el país entre 1987 y 1993.
Al asumir el poder, Buyoya prometió negociaciones con los rebeldes del Consejo Nacional para la Defensa de la Democracia (CNDD), liderdo por hutus, y poner fin a las matanzas del ejército, de mayoría tutsi.
No obstante, según Amnistía Internacional, más de 6.000 civiles hutu fueron asesinados en varias partes de Burundi en las tres semanas desde que el golpe de Buyoya desplazó al gobierno democráticamente electo.
Una cantidad similar de personas fue asesinada en los tres meses precedentes al golpe, confrontanto las declaraciones de Buyoya según las cuales el golpe fue necesario para restaurar la paz étnica en el país.
Amnistía Internacional tiene informaciones sobre la ejecución extrajudicial de 4.000 civiles desarmados entre el 27 de julio y el 10 de agosto, a manos del ejército y milicias tutsi, en la provincia de Gitega. La cifra no incluye a quienes murieron a causa de heridas o se ahogaron en ríos al huir.
La mayoría de las víctimas fueron asesinadas cuando soldados rodearon sus villas supuestamente para recoger información sobre movimientos rebeldes.
Las matanzas también tuvieron lugar en Bujumbura y las provincias de Muramvya, Kayanza y Cibitoke, dijo AI. El 29 de julio, la esposa y cuatro hijos, uno de ellos de tres años, de Honorata Murishi, fueron ejecutados en la provincia rural de Bujumbura, y 39 otras personas en el distrito de Mutimbuzi.
El 8 de agosto, según Byaruhanga, un rico empresario hutu y seis miembros de su familia fueron asesinados por soldados, mientras dos días después un grupo de unos 30 campesinos "desapareció" tras una redada de tropas del gobierno.
Cinco civiles desarmados, incluyendo dos profesores de la Escuela de Altos Estudios Técnicos de Bujumbura y un secretario de una iglesia cercana fueron asesinados por soldados el 20 de agosto.
El portavoz de Amnistía Internacional cree que se habrían descubierto muchas otras matanzas si el ejército no hubiera cerrado caminos y rutas del interior del país.
El vocero añadió que los rebeldes hutu también han cometido abusos de los derechos humanos, entre ellos la ejecución de combatientes tutsi capturados.
También hay informaciones de que refugiados hutu ruandeses están siendo repatriados por la fuerza a Ruanda y sometidos a tortura, pese a la promesa de Buyoya de respetar las normas internacionales sobre respeto de los derechos humanos en el tratamiento de refugiados.
Ray Wilkinson, vocero del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), añadió que las informaciones de Amnistía Internacional "sólo confirman nuestra creencia de que los refugiados no estaban regresando a Ruanda voluntariamente". (FIN/IPS/ljs/rj/lp/ip-hd/96
