La policía de Brasil reprimió violentamente a los cerca de mil obreros despedidos por la industria de autopartes que ocuparon hoy un edificio del Ministerio de Hacienda en Sao Paulo, imitando una forma de lucha de los campesinos sin tierra.
En la confrontación fueron heridos al menos tres dirigentes del Sindicato de Metalúrgicos de Sao Paulo, que promovió la protesta. El presidente, Paulo Pereira da Silva, sufrió un golpe en el rostro, perdió sangre por el ojo y se sospecha sufre de fractura de la nariz.
La mayoría de los manifestantes, que se disponen a permanecer en la entrada del edificio por tiempo indeterminado, son obreros despedidos por la Sofunge, empresa del sector de autopartes, y de la industria textil Vicunha.
Luiz Antonio de Medeiros, presidente de Fuerza Sindical, central que apoya la manifestación, la justificó destacando la necesidad de "hacer mucho ruido para que se oiga en Brasilia", ciudad sede de las autoridades económicas.
La oficina del Ministerio de Hacienda "simboliza el Plan Real y el desempleo", señaló el líder sindical para explicar la invasión, una tipo de acción inusual para su central sindical, que apoyaba al gobierno y siempre defendió posiciones moderadas.
El cierre de Sofunge, tradicional fabricante de partes de motores para camiones y tractores, fue anunciada el martes y significó el despido de sus 1.458 trabajadores. Sus dueños estimaron imposible mantener la empresa, que en los dos últimos años registró péridas por 30 millones de dólares.
El mercado de componentes para tractores se redujo 60 por ciento en el primer semestre de este año y el de camiones 30 por ciento, destacó Mario Egerland, presidente de la Fundición Tupy, que tenía el control de Sofunge.
Pereira da Silva, presidente del Sindicato de Metalúrgicos, defendió el uso de la táctica de los campesinos sin tierra, que ocupan locales oficiales como forma de presión para que el gobierno adopte medidas contra el desempleo.
Los despidos se intensifican en el sector de autopartes, sometido a una de las más profundas reestructuraciones de los últimos años en Brasil, con la venta de varias empresas a extranjeros, el cierre de plantas o la reducción del número de empleados.
Los sindicalistas reclaman una mayor protección para la industria local, con una elevación del arancel del actual dos por ciento a 18 por ciento.
Segun Pereira da Silva, no s razonable que se grave la importación de vehículos en 70 por ciento y la de sus componentes sólo en dos.
La política adoptada por el gobierno brasileño en dirección de la industria automovilística sufre presiones de diverso tipo, incluso internacionales.
Japón, la Unión Europea y Corea del Sur recurrieron a la Organización Mundial de Comercio ante la discriminación brasileña contra sus empresas.
Las montadoras que disponen de plantas en Brasil, como General Motors, Ford, Fiata y Volkswagen, pueden importar vehículos completos pagando un arancel de 35 por ciento. Las demás son gravadas en 70 por ciento. (FIN/IPS/mo/dg/ip-lb-if/96
