La junta militar de Birmania, cuestionada largamente por violaciones de los derechos humanos, recibió críticas de Estados Unidos por su actuación económica, el único frente en el cual el gobierno proclama ciertos logros.
Mientras un nuevo informe de Amnistía Internacional repitió acusaciones de que la junta birmana ataca a minorías étnicas con trabajos forzados, detenciones arbitrarias y ejecuciones extrajudiciales, un análisis de tendencias económicas de la embajada estadounidense en Rangún pintó un panorama desalentador.
El informe de Estados Unidos sostiene que la economía birmana se caracteriza por elevados déficits, la caída de la inversión extranjera y una deuda en ascenso y potencialmente impagable, gastos militares desorbitados y mayor dependencia de los ingresos generados por el narcotráfico.
La respuesta de David O. Abel, ministro de Planificación Nacional y Desarrollo Económico de Birmania, fue que el informe de la embajada "es un documento político, no un informe económico", y que su intención fue "maliciosa".
Disidentes birmanos en Bangkok afirman que el régimen militar está particularmente molesto por las críticas de su actuación económica.
Desde 1991, la junta birmana afirma que ha atraído más de 4.130 millones de dólares en inversiones extranjeras, y que en 1993 y 1994 registró un crecimiento de 8,2 por ciento del producto interno bruto (PIB).
El informe de 134 páginas de la embajada señaló que, aunque la inversión extranjera eleva los flujos de capital actuales, cayó de 9,3 por ciento a cinco por ciento del PIB entre 1991 y 1994.
Las remesas enviadas desde el exterior excedieron la inversión extranjera debido a la política liberal de la junta, que aceptó ingresos incluso del narcotráfico, sostuvo el documento.
El crecimiento promedio del PIB durante 1993 y 1994 fue como máximo de cuatro por ciento en términos reales, y las estadísticas del gobierno birmano han subestimado la inflación, la cual según analistas extranjeros alcanza alrededor de 35 por ciento anual.
Confirmando lo que economistas disidentes birmanos indican hace tiempo, el informe de Estados Unidos también afirma que los datos económicos del régimen militar son "seriamente defectuosos".
Un ejemplo es que las cifras oficiales no reflejan la tasa de cambio real, situándola en seis kyat frente al dólar, mientras en el mercado negro alcanza 156 kyat por un dólar.
El informe de la embajada contradice la idea de los gobiernos del sudeste de Asia que respaldan al régimen militar "de que sus políticas, aunque antidemocráticas, están generando crecimiento económico", dijo un diplomático en Rangún.
Miembros de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) han defendido sus relaciones activas con Birmania sobre la base de que la democracia llegará al país asiático sólo a partir del crecimiento económico.
Los dirigentes militares lograron el respaldo de ASEAN cuando el grupo finalmente invitó a Birmania a participar como observador en el Foro Regional de la agrupación, realizado en Jakarta a fin del mes pasado.
Los gobiernos de ASEAN también están interesados en aprobar la integración de Birmania, una medida que según analistas legitimaría a un régimen que perdió las elecciones generales de 1990 ante la opositora Liga Nacional Pro Democracia (NLD), aunque las ignoró.
El informe de la embajada estadounidense incluye un ángulo económico en las violaciones de derechos humanos en Birmania calculando que el trabajo forzado representó en 1994 alrededor de tres por ciento del PIB del país.
Gran parte del trabajo no remunerado, indica el estudio, se extrae de la población rural para la construcción de infraestructura para transporte y e irrigación.
El último informe de Amnistía Internacional desmiente afirmaciones del gobierno según las cuales el trabajo es "voluntario", y sostiene que cientos de miles de birmanos de casi todos los grupos étnicos, incluyendo niños y ancianos, son obligados a hacer duras tareas en condiciones crueles e inhumanas.
La fecha de divulgación de ambos informes, en el octavo aniversario del levantamiento demócrata del 8 de agosto de 1988, también molestó al gobierno militar considerablemente.
Observadores de la situación de Birmania en Bangkok estiman que los informes intensifiquen las presiones de Europa y Estados Unidos por sanciones internacionales contra el régimen militar.
Aunque líderes demócratas como la premio Nobel de la Paz Aung San Suu Kyi, líder del NLD, no han hecho un llamado abierto a sanciones contra el régimen militar, se estima que favorecen de la medida.
Las sanciones serían un duro golpe para la junta militar, que intenta ganar el respaldo de la clase media con su política de liberalización económica. (FIN/IPS/tra-en/tg/cpg/lp/ip-if-hd/96
