La propuesta de presupuesto con que se estrenó ante el Parlamento australiano el gobierno de coalición nacionalista-liberal inaugurado en marzo, levantó en vilo a diversos sectores de la población, con protestas que han sorprendido al propio primer ministro John Howard.
Howard calificó de "no australiana" la reacción de los manifestantes que se congregaron la semana pasada ante la sede del Parlamento en Canberra -donde el gobierno presentó sus planes presupuestales-, manteniendo violentos choques con la policía.
El proyecto de presupuesto expuesto a los parlamentarios ha suscitado la oposición de los desvalidos, los sindicatos y las mujeres, mientras los extranjeros se preguntan si no lleva la intención de evitar que traigan su familia a este país.
La coalición gobernante declaró que las reducciones generales al gasto público son la única forma de terminar con el déficit que dejó el anterior gobierno laborista, equivalente a 6.600 millones de dólares estadounidenses.
El nuevo presupuesto, que incluye cortes en las asignaciones para el desempleo, la educación y los programas de desarrollo de la población aborigen, es un presupuesto "equilibrado, fuerte y justo", según el ministro del Tesoro, Peter Costello.
Por el contrario, los grupos que defienden los derechos de los trabajadores, los desempleados, las mujeres, los estudiantes extranjeros, los inmigrantes y los aborígenes, afirman que los recortes son un golpe bajo.
Los sindicatos reclaman contra un recorte de 1.500 millones de dólares en los programas laborales y por la supresión del Servicio de Empleo de la Commonwealth, que se dedicaba a buscar empleo a los desocupados.
Los grupos feministas se preguntan por los motivos que se esconden detrás de la rebaja impositiva de 500 dólares a las madres que se queden en sus hogares cuidando niños menores de cinco años.
Eva Cox, del grupo llamado Women's Electoral Lobby, afirmó que las medidas de esa naturaleza son "muy ideológicas" en el sentido de que no benefician a la mujer que se queda en el hogar ni a la mujer que trabaja.
Tampoco los defensores de la familia tradicional están de acuerdo, y señalan las ambigüedades del presupuesto. "Intenta reconocer el valor de tener a una persona en el hogar, pero no lo convierte en una opción económica viable", dijo Susan Bastick, de la Asociación Australiana por la Familia.
Para los inmigrantes es muy claro que el gobierno ha decidido lo que desea: tendrán que mantener a sus familias fuera de Australia o pagar caro por traerlas. El derecho que se debe pagar por la solicitud para traer parientes a vivir en Australia se incrementará de 466 a 750 dólares.
Las personas que deseen ingresar a Australia como inmigrantes tendrán que pagar un cargo inicial, por servicios de salud, de hasta 2.100 dólares. Este requisito ha sido de 700 dólares hasta ahora.
También se aumentará el costo de los cursos de idioma inglés que en muchos casos toman los inmigrantes asiáticos.
Puesto todo junto, según estiman grupos que trabajan por las comunidades étnicas, costará alrededor de 6.600 dólares traer a un pariente a radicarse en Australia.
Los estudiantes extranjeros que soliciten un visado para hacer cursos en Australia tendrán que pagar un derecho extraordinario de información de 25 dólares y una nueva tasa de registro de 4.150 dólares.
También los habitantes indígenas de este país protestan, al sentir que siguen siendo marginados en su propia tierra, a través de un instrumento como el presupuesto nacional.
Casi 375 millones de dólares serán recortados de la asignación presupuestal destinada a la Comisión para los Aborígenes y los Isleños de Torres Strait (ATSIC) en los próximos cuatro años.
La ATSIC fue creada por el gobierno laborista al comenzar esta década -con facultades para administrar con autonomía un presupuesto financiado por el Estado-, a fin de promover programas y servicios en favor de la comunidad aborigen. Hasta ahora ha manejado unos 833 millones de dólares al año.
Se cree que los servicios jurídicos de los aborígenes, los programas culturales tales como las radios comunitarias y las artes, y el apoyo a sus empresas y proyectos rurales, creados para estimular su autosuficiencia económica, serán los que más sufran las consecuencias del recorte presupuestal.
"Este presupuesto quiebra la fe de muchos australianos postergados", opinó Robert Fitzgerald, presidente del Consejo de Servicios Sociales. "Los que tendrán que hacer los mayores sacrificios son los más pobres y desvalidos".
El analista Brian Toohey comentó que el gobierno de Howard ha hecho sus evaluaciones y espera poder afrontar el costo político que pueden significar los recortes que perjudican a grupos minoritarios, manteniendo satisfecha a la mayoría. (FIN/IPS/tra-en/ks/cpg/arl/ip/96
