Una vez procesados cuatro policías por el atentado contra la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), el 18 de julio 1994, la justicia apunta ahora a una banda de ex militares y civiles que habría aportado los explosivos para el ataque, en el que murieron 86 personas.
Así lo anticipó este jueves el fiscal federal Eamon Mullen, quien admitió que la disposición del juez de imponer la prisión preventiva a los policías que manipularon el vehículo usado como coche-bomba fue sólo un "pequeño gran paso en la investigación".
Los agentes -tres en actividad y uno exonerado- fueron acusados de partícipes necesarios en los delitos de homicidio calificado, lesiones graves y gravísimas, y daño reiterado, en el atentado contra la AMIA.
Los detenidos recibieron el vehículo y ahora deberán explicar si se lo entregaron a un intermediario o directamente a los terroristas que perpetraron el ataque. En cualquier caso, los procesamientos cierran un capítulo de la pesquisa y abren otro.
La nueva pista a seguir es la de una banda dedicada a vender explosivos robados al Ejército. En diciembre pasado, el juez federal Juan José Galeano detuvo y procesó a dos civiles y 10 militares, por su participación en esta banda.
Los militares son simpatizantes del ex cabecilla rebelde Aldo Rico, quien protagonizó una sublevación en 1985 y poco después de ser indultado formó un partido político de tendencia derechista, el Movimiento por la Dignidad y la Indepedencia (MODIN) y es diputado.
Otro diputado del MODIN, Eduardo Morello, está siendo investigado por su presunta vinculación con los detenidos y con la embajada de Irán en Argentina, también bajo sospechada en este delito, según admitió el fiscal.
El explosivo utilizado en el ataque fue nitrato de amonio, combinado con unos 45 a 60 kilogramos de trotyl. Asimismo, el ataque habría requerido una tarea de inteligencia para estudiar el movimiento en el edificio previo a la explosión.
Esta rama de la investigación parecía detenida, pero el fiscal asegura que ahora comienzan a relacionarse unas pistas con otras.
"Próximamente vamos a sacar a relucir todo lo que recolectamos en estos dos años para ver como se conecta una pista con otra", afirmó.
Las investigaciones en la policía de la provincia de Buenos Aires y en el Ejército permitieron al juez desbaratar dos bandas delictivas, una dedicada a extorsionar delincuentes y a vender automóviles robados, y la otra dedicada al tráfico de armamentos y explosivos robados.
Ambas pistas constituyen la llamada "conexión local" de las indagaciones sobre el atentado. Pero existe otra rama fundamental en la causa que es la que lleva al grupo fundamentalista islámico Hezbollah, respaldado por Irán.
En este capítulo, el gobierno del presidente Carlos Menem aseguró que la embajada de ese país en Buenos Aires no es ajena al atentado, pero cuando la justicia quiso investigar a los diplomáticos, el gobierno dio marcha atrás en las acusaciones y la Corte Suprema se negó a citar a los diplomáticos extranjeros.
No obstante, el gobierno argentino decidió retirar a su embajador en Teherán y lo mismo hizo Irán con el suyo en Buenos Aires.
En tanto, la colectividad judía sigue señalando a Irán como responsable del ataque, por considerar que ese país financia la actividad de los terroristas. (FIN/IPS/mv/ag/ip/96