El ministro de Economía de Argentina, Roque Fernández, anunció hoy un paquete de medidas tendente a equilibrar las cuentas fiscales que tendrá un fuerte impacto sobre el consumo de sectores populares.
Las medidas significarán un aumento de entre tres y 46 por ciento en los combustibles, siendo el más afectado el gasoil. La resolución deberá ser aprobada por el Congreso, donde el sucesor de Domingo Cavallo aseguró tener apoyos "muy importantes".
El objetivo de las medidas consiste en reducir en 1.500 millones de dólares el déficit de 1996, que se prevé llegaría a 6.600 millones sin la ejecución de las nuevas disposiciones.
No obstante, mucho dependerá de la voluntad legislativa para que las propuestas se conviertan en ley.
El ministro considera que así se podrá renegociar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional en setiembre y se podrá obtener nuevo financiamiento para 1997, cuando se prevén vencimientos de la deuda externa por unos 10.000 millones de dólares.
Pero la población, que estaba advertida sobre el eventual aumento del combustible y de los transportes, reaccionó con malestar, aún antes de los anuncios.
"Siempre somos los trabajadores los que pagamos", "en este momento esos aumentos son nefastos" y "dejen de robar", fueron algunas de las expresiones escuchadas este lunes en una concurrida estación de ferrocarril de Buenos Aires, minutos antes de los anuncios que llegaron tras una serie de postergaciones.
El incremento en los combustibles deberá destinarse en su totalidad a la seguridad social, el talón de Aquiles del fisco. Es decir que irán al tesoro nacional en lugar de repartirse con las provincias como está estipulado, por lo que se requiere una ley específica.
El conjunto de medidas también prevé la generalización del impuesto al valor agregado, lo que implica alcanzar con aumentos de cinco a 10 por ciento servicios hasta ahora exentos, como la enseñanza privada, el transporte público, la televisión por cable, libros y revistas, entradas de cine y la medicina privada.
Fernández anticipó que se propone "mantener la estabilidad y la solvencia fiscal" en base a un sistema que contenga "principios de solidaridad" y ataque al desempleo, sin que aumente el gasto social.
Los esperados aumentos de las contribuciones patronales, que se habían anunciado como una posibilidad y habían sido fuertemente rechazados por el sector empresarial, no se produjeron.
El ministro decidió no aumentar esas cargas, pero sí redujo reembolsos a las importaciones de productos industriales.
En cuanto al desempleo, que alcanza a 17,1 por ciento de la población económicamente activa, la meta consiste en bajar los impuestos al trabajo mediante la creación de un fondo en el que se depositará el ahora inexistente superávit que tenga el tesoro nacional en los próximos años. (FIN/IPS/mv/ag/if/96