La justicia de Argentina, sospechosa de ser vulnerable a las presiones políticas y los sobornos, enfrenta esta semana graves cargos contra altos funcionarios por enriquecimiento ilícito y cohecho.
El juez de instrucción Franciso Trovatto y el procurador general de la Nación, Angel Agüero Iturbe, son las dos figuras en el banquillo. Ambos dos viven en dos lujosos pisos del mismo edificio.
Diputados opositores de la comisión de juicio político advirtieron este jueves que existe "una red de abogados muy vinculados al poder, que manejan casi todos los juzgados de instrucción" de la capital argentina.
La denuncia fue vertida a raíz del comparecimiento ante la comisión del juez Trovatto, denunciado por la compra de un piso avaluado en 700.000 dólares y haber recibido un presunto soborno por otros 20.000.
En el mismo edificio vive el procurador, quien también está siendo investigado para conocer como pudo adquirir una vivienda tan lujosa con su salario y el de su esposa, también funcionaria.
Trovatto declaró que su piso fue adquirido en 350.000 dólares y no negó que un mueble que recibió de obsequio para guardar camisas, avaluado en 20.000 dólares, haya sido pagado por una constructora que aguardaba su fallo en una causa penal.
La empresa Almagro Construcciones encargó el camisero mientras esperaba la sentencia de Trovatto en una causa en la que se investigaba la muerte de una niña que cayó por el hueco de un ascensor por presunta negligencia.
Sin embargo, el diputado socialista Alfredo Bravo y la radical Elisa Carrió, ambos miembros de la comisión de juicio político, minimizaron las declaraciones de Trovatto, quien seguramente deberá enfrentar el juicio de la cámara.
En cambio, se manifestaron preocupados "por lo que Trovatto representa", según manifestaron, y señalaron hacia los senadores del gobernante Partido Justicialista, que son mayoría en la comisión que aprueba la designación de los jueces.
Para los diputados, existe una vinculación mafiosa entre estudios de abogados vinculados al poder político y los jueces de instrucción.
Trovatto declaró ante los legisladores: "no sé por qué quieren limpiar la imagen del Poder Judicial en mi persona, será porque en mi juzgado recayeron causas pesadas".
Al ser consultado sobre quienes lo presionan desde el poder político, dijo que cuando tenga los nombres los daría a conocer.
De esa manera se refirió a las investigaciones en las que intervino. Una de ellas es la causa del asesinato del dueño de un sala de baile, en el que el principal sospechoso es un custodio de un hombre muy cercano al poder político, según trascendió en la Cámara de Diputados.
La otra es la causa del presunto atentado contra la casa del senador Eduardo Menem, hermano del presidente Carlos Menem, cuando hace dos meses desconocidos irrumpieron a la residencia a balazos y mataron a un guardaespalda e hirieron a otro.
En tanto, el procurador intentó defenderse de las denuncias de enriquecimiento ilícito y también aseguró que el piso lo compró por la mitad del precio de mercado.
Menem, que designó a Agüero en el cargo luego de trabajar con él en la actividad privada y pública durante muchos años en la norteña provincia de La Rioja, intentó defenderlo diciendo que su padre había sido juez y que su familia era rica.
Pero este jueves, el mismo diario que denunció la adquisición inmobiliaria del procurador reveló que el padre no fue juez sino secretario de un juzgado, un cargo en el que no se obtienen altos ingresos, y que Agüero no provenía de una familia rica.
El ex fiscal federal Aníbal Ibarra solicitó a la justicia que se investigue además si es cierto que a su regreso de España de un viaje de vacaciones Agüero pidió que se le enviaran tres automóviles con chofer al aeropuerto para trasladar su equipaje.
Ahora el procurador, paradójicamente, deber ser investigado por sus subordinados, los fiscales, quienes recomiendan una tasación del suntuoso piso en el que vive. (FIN/IPS/mv/ag/ip/96