El gobierno argentino negó que haya reprimido los intentos de instalar ollas populares en paseos públicos de la capital durante la masiva huelga general realizada hoy y acusó a algunos huelguistas de querer recrear el clima de violencia de los años 70.
En una conferencia realizada en la sede del gobierno nacional, el ministro del Interior Carlos Corach admitió que ordenó a la policía que "tome las medidas necesarias para preservar la vida de las personas y los bienes tanto públicos como privados" y calificó de "falsas" las versiones sobre represión.
Los conflictos surgieron en la mañana de este jueves cuando grupos de unos 20 trabajadores llegaron a cuatro plazas céntricas de la capital con alimentos y enseres para cocinar.
La policía los golpeó con palos y les arrojó gases. Hubo más de medio centenar de detenidos y un cantidad indeterminada de heridos hospitalizados.
La escena se repitió por la tarde en la Plaza de Mayo, el paseo ubicado frente a la sede del gobierno nacional donde la agrupación de madres de desaparecidos durante la dictadura (1976-83) intentó hacer su tradicional marcha de los jueves y también fue reprimidas con palos y carros hidrantes.
El ministro dijo que se trató de persuadir a los huelguistas de que no se instalaran en las plazas por temor de que pudieran llegar centenares de jubilados y desempleados a comer en las ollas populares y que hubiera infiltrados entre la multitud que provocaran desmanes.
También criticó a los manifestantes por no notificar a su ministerio la realización de esas ollas populares, aunque luego admitió que si lo hubieran hecho no las hubiese permitido o, en caso extremo, hubiera tomado precauciones.
Respecto de las Madres de Plaza de Mayo culpó a jóvenes que las acompañaban de arrojar un "agresivo químico" a la policía, pero negó categóricamente que haya existido un virtual estado de sitio ni que se hayan afectado derechos constitucionales.
"Por un día que no se permita circular en la Plaza de Mayo no pasa nada", relativizó el ministro, aunque luego no pudo justificar claramente la legalidad de esa apreciación en un día de paro general.
Por su parte, el ministro de Trabajo Armando Caro Figueroa, minimizó la magnitud del paro al intentar hacer un balance objetivo de la medida.
"El impacto fue mayor al del último paro. Tuvo un acatamiento medio a nivel nacional teniendo en cuenta que mucha gente no pudo ir a trabajar por falta de transporte", dijo.
Admitió que fue mayor en la industria que en el comercio y los servicios, más masivo en el interior del país que en la capital, mayoritario en el sector del transporte público, pero relativizó este último dato por considerar que esos gremios no son mayoría en mundo laboral.
Caro consideró que los desmanes ocurrieron allí donde hubo sindicalistas que "creen en la huelga revolucionaria" e "intentaron recrear el clima de violencia de los años 70".
El ministro aseguró que el gobierno mantiene "abierto el diálogo" con los sindicalistas para buscar soluciones a los problemas. (FIN/IPS/mv/dg/ip-lb/96
