Las organizaciones ambientalistas mexicanas no gubernamentales (ONG) discrepan con sus colegas estadounidenses y canadienses en relación con el organismo creado para garantizar un alto nivel de exigencias ambientales en el marco del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLC).
La Comisión de Cooperación Ambiental de América del Norte (CCA), tiene el cometido de controlar la aplicación de normas adecuadas en los tres países que son parte del TLC, siendo uno de sus principales objetivos la forma de hacer efectivo el vínculo entre el libre comercio y las protecciones ambientales.
La CCA, con una plantilla de 30 personas, tiene su sede en Montreal y es dirigida por los responsables de la política ambiental de los tres países miembros del TLC.
Los actuales responsables de la política ambiental en América del Norte son la directora de la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos, Carol Browner, el ministro de Medio Ambiente de Canadá, Sergio Marchi, y su homóloga de México, Julia Carabias.
Los ambientalistas canadienses y estadounidenses critican a la CCA -que realizó en Toronto su tercera reunión pública este jueves y viernes- por ser un cuerpo ineficaz, desprovisto de autoridad.
Los mexicanos en cambio -según dijo Gustavo Alanís Ortega, presidente del Centro de Derecho Ambiental de México-, enfrentados a una crisis política y a la corrupción, aceptan incluso una comisión con limitadas facultades, como la CCA.
El Centro de Derecho Ambiental y otros dos grupos mexicanos -el Comité para la Protección de los Recursos Naturales y el Grupo de los 100- hicieron el 18 de enero una petición a la CCA, en relación a la proyectada construcción de un muelle para barcos turísticos en la isla de Cozumel, en el estado de Quintana Roo.
La reunión de Toronto, con la presencia de la propia Carabias, decidió realizar una indagación para comprobar los hechos denunciados en relación con el proyecto, siendo ésta la primera solicitud de un grupo privado que es aceptada por la CCA.
"Los mexicanos carecen de un ámbito adecuado para presentar sus quejas, por eso las consultas con la CCA les resultan útiles", comentó Michelle Swenarchuk, directora ejecutiva de la Asociación de Derecho Ambiental de Canadá. "Nosotros los canadienses actuamos directamente sobre nuestro gobierno".
En el curso de un debate público convocado por los tres ministros, Swenarchuk afirmó que están siendo rápidamente destruídos los marcos legales de la protección ambiental en Canadá, tanto a nivel federal como provincial.
Según dijo la experta, la provincia de Ontario dio a conocer últimamente un proyecto para eliminar 19 de sus normas legales y 80 reglamentaciones en materia de ambiente -que son consideradas entre las más estrictas del país-, a fin de que las empresas se controlen a sí mismas.
Sólo una de las 10 provincias canadienses, Alberta, ha ratificado el protocolo sobre ambiente del TLC.
La CCA ha decidido que no puede aceptar reclamaciones de los ciudadanos cuando éstos denuncien a las legislaturas que hacen más débiles las leyes ambientales. Sólo responderá cuando las administraciones no cumplan con las leyes vigentes. (FIN/IPS/tra-en/pw/yjc/arl/en/96
