La Organización para la Agricultura y la Alimentación de las Naciones Unidas (FAO) lanzó una advertencia contra las flotas pesqueras de la Unión Europea (UE), que ahora navegan hacia aguas de Africa, tras haber extenuado los cardúmenes de sus propios mares.
La FAO envió una circular mundial a la Unión Europea (UE) y el resto de las naciones pesqueras del mundo, recordando este mes los tratados internacionales de conservación y administración de recursos marinos, parte intgral de un código de conducta para la pesca mundial adoptado por el organismo el año pasado.
El subcomité de comercio de pescado, reunido en junio en Bremen, Alemania, demandó que la producción planetaria de pescado se gestione de modo más sostenible y responsable, evitando el regreso de las prácticas "espontáneas y desordenadas del pasado".
La industria se preocupa demasiado por los negocios y no suficiente por la atención debida a los cardúmenes de pescado, sostiene la FAO.
"Las informaciones sobre los pesqueros se refieren a problemas de gestión y dificultades financieras", alertó en Bremen el funcionario de FAO a cargo de Industrias de Pesca, Steve Karnicki.
Aunque el Consejo de Ministros de la UE acordó el 11 de julio cumplir los acuerdos internacionales y el de la FAO sobre "pesca responsable" en sus propias aguas, según organizaciones no gubernamentales (ONG), sus diplomáticos continúan empeorando la situación con una serie de pactos de pesca desiguales con países individuales.
Magda Aelvoet, parlamentaria europea del partido Verde de Bélgica, aseguró que "la lógica de estos acuerdos de pesca es: ?cómo podemos encontrar pescado para nuestras flotas desocupadas".
La UE está desesperada por preservar las industrias pesqueras de España, Portugal, Gran Bretaña y otros países, para mantener el empleo y las ventajas tecnológicas y hacer frente a los desafíos comerciales de Asia.
El bloque tiene ahora una docena de acuerdos de pesca con países africanos como Angola, Gambia y Senegal, los cuales prevén la llegada masiva de barcos pesqueros, en algunos casos a cambio de ayuda local, contratos comerciales, transferencia de tecnología y otras compensaciones.
No obstante, en general los países en desarrollo están en malas condiciones, tanto diplomática como industrialmente, para hacer frente a la demanda de la UE para pescar en sus aguas.
La FAO sostiene que 70 por ciento de las reservas de peces del mundo están completamente explotadas, sobreexplotadas, agotadas o en recuperación.
Los acuerdos de pesca se convirtieron en una necesidad tras la Convención sobre la Ley del Mar de las Naciones Unidas, de 1982, que otorgó a los países costeros el control de una Zona Económica Exclusiva extendida a 200 millas de la costa, incluyendo los recursos naturales de la zona.
La convención puso 35 por ciento de los océanos del mundo bajo jurisdicción de los países con costas, y 95 por ciento de las reservas identificadas de peces principalmente bajo control de países en desarrollo, señaló la Coalición por Acuerdos de Pesca Justos, con sede en Bruselas.
Los pactos le han costado dinero a la UE, sólo 342 millones de dólares en ayuda adicional en 1995. Pero la mayoría de los fondos se asignan a presupuestos nacionales y muy poco a los pescadores africanos, incapaces de competir con los gigantescos barcos europeos.
Según la FAO, Africa necesitará triplicar la producción de alimentos para satisfacer la creciente demanda de la población, lo que cual inevitablemente requerirá mejor aprovechamiento y cuidado de las resevas de pesca.
A la vez, estima el organismo, las necesidades europeas deberán descender. Europa tendrá suficiente para pescar, pero nada podría quedar disponible para la generación de africanos del 2050, advierten ONG.
Harry de Vries, de la organización para el desarrollo alemana NOVIB, la cual recientemente llevó a cabo una campaña sobre los efectos de la política pesquera de la UE en Senegal, como ejemplo del problema más amplio, dijo que "los acuerdos forman una suerte de legislación para saquear los océanos".
Aelvoet sostiene que los acuerdos de pesca chocan con el Tratado de Maasticht de la UE, que supuestamente debe asegurar la "coherencia", de modo que las actividades del bloque no frustren objetivos de desarrollo en los países en desarrollo.
El parlamentario europeo alemán Jan Willem Bertens indicó que parte de la responsabilidad puede atribuirse a los propios países en desarrollo, que a menudo prefieren ganancias de corto plazo, en lugar de priorizar el desarrollo sostenible de largo plazo de sus propias flotas.
En 1991 Namibia se negó a un acuerdo con la UE, y en 1995 Marruecos peleó duro por el mejor pacto posible. Tras el fracaso de las negociaciones, Namibia invitó al sector privado a proponer sus propios acuerdos cooperativos.
Desde entonces inversores privados inyectaron a la industria pesquera de Namibia unos 45 millones de dólares, empleando a 1.500 personas, lo cual representa un verdadero logro para el país africano, de 1,5 millones de habitantes. (FIN/IPS/tra-en/mom/rj/lp/ip-en/96
