La preocupación del gobierno de Alemania por el alto costo del aparato estatal se incrementó tras conocerse un informe que reveló que para el 2040, los sueldos, ayudas y pensiones de funcionarios, obreros y jubilados del Estado llegarán a la astronómica cifra de 733.000 millones de dólares.
El pronóstico se basa en estudios realizados por el prestigioso Instituto de Investigación de Administrativa de la Universidad de Speyer, de Renania-Palatinado.
Si no se introducen cambios, en ese año el gobierno, los Estados federados y los municipios tendrán que emplear 60 por ciento de los impuestos recaudados para atender sus egresos fiscales.
En la actualidad, las instituciones estatales de Alemania cuentan con 6.500.000 servidores.
De ellos, 1.900.000 son funcionarios públicos y entre éstos, 310.000 pertenecen al gobierno central. De ese total de seis millones y medio, 40 por ciento son funcionarios públicos en el estricto sentido de la palabra, la mayoría de ellos con nombramiento vitalicio.
Las dificultades financieras del Estado alemán -gobierno central, gobiernos de los Estados federados y muncipios- han revivido el debate nacional en torno al sistema de remuneración de los funcionarios, empleados, obreros y jubilados del país.
Para agravar aún más la situación, la tendencia al aumento de la expectativa de vida y la baja tasa de natalidad hacen prever que para el 2040 habrá un funcionario jubilado por cada activo.
El gobierno democristiano-liberal (CDU/CSU-FDP) y la oposición socialdemócrata, Verdes/Alianza90 y del Partido del Socialismo Democrático (PDS) coinciden en que esta situación no puede seguir así. Las deudas del Estado suman ya en la actualidad 1.467 billones de dólares.
Poco después de producirse la reunificación de Alemania fueron sobre todo algunos dirigentes de la oposición socialdemócrata (SPD) quienes arremetieron contra los beneficios de los funcionarios públicos.
Decían que estos funcionarios no compartían solidariamente los costos adicionales de la reunificación del país, incluidos los costos de reconstrucción de la ex República Democrática Alemana.
Los últimos estudios relacionados con el presupuesto del funcionariado germano -que tiene su origen en la Prusia de los siglos XVIII y XIX- así como el informe que debe presentar al respecto al Ministerio del Interior en septiembre próximo, han echado nueva leña al fuego del debate.
Sin embargo, Erwin Marschweski, portavoz de política interior en la fracción democristiana-liberal, negó rotundamente esta semana que el gobierno de Bonn esté pensando en recortar las pensiones de los funcionarios públicos, como lo piden algunos políticos de su propia bancada y la oposición socialdemócrata.
El presidente de los democristianos en el Estado de Renania del Norte-Westfalia, Helmut Linsen, exige, por ejemplo, que los funcionarios públicos contribuyan cuando están en activo a sufragar su pensión.
Reclama además que se modifique la Ley Fundamental para reformar la legislación reguladora de los funcionarios de carrera.
Herta Dauebler-Gmelin, miembro de la Junta Directiva de los socialdemócratas, pide que el Estado cree un fondo de previsión para la vejez de los funcionarios y que, como medida inmediata, se suspenda el nombramiento de nuevos funcionarios públicos.
En Alemania, los funcionarios públicos no pueden ir a la huelga para obtener aumentos de sueldos y salarios, pero éstos son ajustados todos los años según los aumentos concertados para los empleados y obreros del ramo.
Los funcionarios públicos no pagan impuestos y tampoco pagan seguro de desempleo o jubilación. En caso de enfermedad, los costos corren por cuenta de una caja de seguro privada y, además, reciben subvenciones extraordinarias.
El sueldo promedio de un funcionario es de cerca de 4.000 dólares, similar al de un empleado en la industria. Con una diferencia: el empleado de la actividad privada debe pagar, a medias con el patrón, sus costos sociales. (FIN/IPS/rc/jc/lb-ip-if/96
