El parlamento federal de Yugoslavia aprobó una nueva ley sobre ciudadanía que deja en la incertidumbre a vastos sectores de la población, pese a las protestas de grupos de derechos humanos y partidos opositores.
Bajo la nueva ley, los habitantes de Serbia y Montenegro (federados bajo la República Federal de Yugoslavia) se dividirán en tres categorías.
La ciudadanía yugoslava se otorgará automáticamente a los 6,5 millones de personas nacidas en Serbia o Montenegro con ciudadanía de cualquiera de ambas repúblicas anterior al 27 de abril de 1992, fecha en que las dos repúblicas de la antigua Yugoslavia recrearon la federación como únicos miembros.
La segunda categoría incluye a cientos de miles de personas que residían en Serbia o Montenegro al 27 de abril de 1992 pero nacieron en cualesquiera de los cuatro estados ex yugoslavos ahora independientes (Bosnia-Herzegovina, Croacia, Eslovenia y Macedonia).
Miles de personas incluidas en esta segunda categoría procuraron resolver disputas de propiedad o unirse a sus familias aceptando la ciudadanía del país en que nacieron, aún sin residir en él.
Ahora, sin embargo, deberán renunciar a su segunda ciudadanía y probar que residían en Serbia o Montenegro antes del 27 de abril de 1992 para poder solicitar la ciudadanía de la nueva Yugoslavia, salvo casos de "mérito especial" o cuando la segunda ciudadanía se debe al matrimonio con un extranjero.
No obstante, el cumplimiento de estos requisitos no garantiza la obtención de la ciudadanía yugoslava, ya que la decisión final corresponderá al Ministerio Federal del Interior. La solicitud debe presentarse antes de julio de 1997, pero no existe un plazo para la respuesta del Ministerio.
"La nueva ley otorga al Ministerio del Interior poder para decidir arbitrariamente quién es ciudadano y quién no", afirmó Gaso Knezevic, profesor de Derecho Internacional de la Universidad de Belgrado, y destacó que "la ciudadanía es un derecho humano básico, no un instrumento político".
"La prohibición de la doble ciudadanía es la peor parte" de esta ley, opinó Goran Svilanovic, presidente del Consejo de Derechos Humanos.
"Los nuevos estados ex yugoslavos independientes son extremadamente lentos en la comunicación mutua, y prevemos enormes problemas en los contactos entre familiares que viven separados o en la resolución de cuestiones de propiedad o herencia", señaló el activista.
Hay unos dos millones de matrimonios mixtos en toda la ex Yugoslavia, con una población de 24 millones. Se estima que una de cada tres personas nacidas en la ex Yugoslavia en los últimos 20 años tienen padre y madre de distinta nacionalidad.
Biljana Covacevic, secretaria general de la oficina serbia del Comité de Helsinki para los Derechos Humanos, advirtió además que la cláusula que habilita la "revisión del Ministerio Federal del Interior" podría ser utilizada para negarle la ciudadanía a los albanos que residen en la provincia de Kosovo.
Pero ni siquiera la nacionalidad serbia asegura la ciudadanía. La "tercera clase" de ciudadanos comprende a unos 700.000 serbios bosnios y serbios croatas que huyeron de la guerra en Bosnia-Herzegovina y Croacia.
Definidos por la ley como personas forzadas a huir de su país hacia la República Federal de Yugoslavia por causa de su "origen étnico o religión", estos serbios tendrán que afrontar enormes dificultades.
"Aquellos que deseen la ciudadanía deberán presentar una solicitud al Ministerio", y éste decidirá en base a "intereses de seguridad, defensa y estatuto internacional de la República Federal de Yugoslavia", explicó el ministro del Interior, Vukasin Jokanovic.
La nueva ley es "discriminatoria en muchos aspectos y contradice la Constitución yugoslava, la Carta de las Naciones Unidas y las leyes internacionales", sostuvo el Comité de Helsinki.
Además, esta legislación tiene "el obvio propósito de relacionar la ciudadanía con la nacionalidad, lo cual es un procedimiento inconstitucional", concluyó. (FIN/IPS/tra-en/vpz/rj/ml/ip/96
