El gobierno de Trinidad y Tobago trabaja en la elaboración de una nueva ley que impida el colapso de su industria pesquera, con el apoyo técnico de la Organización para la Agricultura y la Alimentación (FAO).
Tras un estudio preliminar de evaluación del recurso y los mayores pesqueros ahora explotados, y un documento que plantea líneas de acción en el área, un oceanógrafo y un experto legal analizan en Roma las necesidades específicas del país.
Bisessar Chakalall, funcionario regional de la FAO, considera la medida como el primer paso para detener la destrucción de la industria.
La FAO espera que el proyecto de ley mueva al país de una situación "abierta a todos" o libre acceso a su pesca a un sistema de licencias que determinará quién estará habilitado a pescar y cuándo.
"Estamos pasando de un 'ábrete sésamo' a limitar la entrada, sobre la base de lo pueden sostener que los recursos", dijo Mervyn La Croix, director de pesca del Ministerio de Agricultura, Tierra y Recursos Marinos.
Según La Croix, la mayoría de las especies costeras "están casi completamente explotadas, totalmente explotadas o sobreexplotadas".
Bajo la nueva legislación, los interesados en pescar deberán solicitarlo ante la oficina de Regulaciones del Ministerio de Agricultura, la cual establecerá estaciones especiales de pesca y áreas de conservación.
Un censo del sector pesquero de 1991 reveló que había 1.819 barcos pesqueros en Trinidad y 285 en Tobago, la mayoría de los cuales opera como botes del día a distancias limitadas de la costa.
En conjunto, estos barcos pescan un total de 14.977 toneladas anuales, evaluadas en 12 millones de dólares.
Aunque los pescadores podrían sufrir pérdida de ingresos en las primeras etapas, en el largo plazo tendrán la posibilidad de recuperarse, indicó La Croix.
Con asistencia técnica de la FAO, otros países han podido implementar legislaciones similares. En Surimame, una nueva ley es estudiada por el parlamento, mientras en Guyana el proceso de elaboración ha concluido y el proyecto espera ingresar al parlamento, dijo Chakalall.
En Trinidad y Tobago, el proyecto será discutido por autoridades del gobierno y la FAO antes de ingresar al parlamento.
Como nación isleña con una zona económica exclusiva mayor que su territorio, unas 13.000 personas en una población de 1,4 millones se ganan la vida en la industria de la pesca como vendedores, procesadores y constructores de barcos, y entre 30.000 y 40.000 dependen de la industria para la supervivencia. (FIN/IPS/tra-en/aj/cb/lp/dv/96)
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