En ningún otro lugar de Europa la frontera entre "terrorismo" y delincuencia es más difusa que en Rusia, donde la policía y el público entretejen ambos, y donde las poderosas fuerzas de seguridad prestan poca atención a los derechos civiles.
Una seguidilla de ataques con bomba en julio en Moscú y un intento fallido en la ciudad rusa de Vornezh este mes fueron atribuidos por algunos a "terroristas chechenos" o "gangsters de la mafia", o ambos.
La mayoría de los rusos, incluyendo al presidente Boris Yeltsin, establecen una clara relación entre las actividades "terroristas" de los chechenos separatistas y los grupos mafiosos.
Yeltsin inició la guerra de 18 meses contra Chechenia diciendo que la república era uno de los principales exportadores de criminalidad al resto de Rusia.
El día previo a la explosión de las bombas de julio, Yeltsin había firmado dos decretos de medidas urgentes de seguridad para "fortalecer la ley y el orden y combatir el crimen en Moscú y el área metropolitana".
La delincuencia y la corrupción son colosales. Desde la introducción de las reformas de libre mercado en 1991, la delincuencia floreció en proporciones masivas. Sólo este año se registraron 3,5 millones de delitos.
La policía afirma que el índice de criminalidad nacional cayó en la mayoría de las regiones, pero en 35 de las 85 regiones donde aumentó, lo hizo en proporciones alarmantes.
Según el ministerio del Interior, en las cuatro regiones de lejano oriente y Siberia, donde la situación está en las peores condiciones, el año pasado se registraron 1.550 crímenes cada 100.000 personas.
El país ya no es un Estado, sostuvo el periódico independiente de Moscú Izvestia, sino un conjunto de varias cadenas de la mafia, grandes y pequeñas.
Alexander Lebe, presidente del Consejo Ruso de Seguridad, hizo de la guerra contra la delincuencia su objetivo primordial, mientras, autorizado a utilizar todo el peso del Servicio Federal de Seguridad (SFS), sucesor de la todopoderosa KGB soviética, los derechos civiles parecen estar bien abajo en su lista de prioridades.
Los nuevos poderes fueron estrictamente aplicados tras los bombardeos de julio, que movilizaron a unos 30.000 policías y tropas del Ministerio de Interior.
En los dos días posteriores a las explosiones, la policía detuvo a 5.770 personas, y en el proceso arrestó a 33 personas que portaban armas ilegalmente, 16 narcotraficantes y 26 delincuentes fugados. El resto, salvo unas 800 personas que vivían en la ciudad sin permiso, fueron declarados inocentes.
Los chechenos -de hecho cualquier persona de piel morena- recibieron la primera atención de los hombres de seguridad. Leche Shantyaev, vocero en Moscú del gobierno checheno, dijo a IPS que su oficina había sido inundada con quejas de detenciones arbitrarias de miembros de la comunidad chechena, de 12.000 personas.
Una de las víctimas, que sólo se identificó como Ruslan, denunció a IPS que la policía le quitó sus documentos y lo arrojó a una celda por 24 horas, sin ofrecerle explicación alguna, para luego liberarlo sin cargos.
Las autoridades de gobierno afirman que la guerra contra el terrorismo y la delincuencia violenta no se limita a la patrulla callejera.
El nuevo director del SFS, el protegido de Lebed Nikolai Kovalev, afirma que sus cuadros se centrarán en la corrupción en el gobierno y las operaciones encubiertas planificadas por oficiales sospechosos.
Los robos ordinarios comprenden 50 por ciento de los crímenes registrados y el robo a mano armada, hasta siete por ciento. El crimen relacionado a la droga creció un tercio en el curso de un años, con 40.000 casos en todo el país.
Los lugares más afectados son las ciudades sureñas de Rostov y Krasnodar, seguidas de Moscú y San Petesburgo.
Ante la ausencia de protección legal adecuada para los empresarios, los grupos de delincuentes resuelven sus disputas a su manera.
Más de 200 empresarios y banqueros fueron asesinados en los últimos 12 meses por negarse a entregar dinero para ser protegidos, o murieron por orden de sus rivales.
La mayoría de ellos se ven obligados a trabajar en los límites de la ley para evadir los impuestos y pagar las comisiones ilegales para que sus negocios funcionen.
En medio de este "bespredel" (el "caos ilimitado", como lo llaman los rusos), es evidente que la racionalización de la ley y el sistema legal podría hacer más por detener la crisis que las redadas callejeras. (FIN/IPS/tra-en/ss/rj/lp/ip/96
