La jueza penal Teresa Hoffman ordenó en Venezuela la detención de siete policías, bajo cargos de homicidio calificado, por la ejecución extrajudicial de dos delincuentes, que fue develada por un informativo de televisión.
La pena de muerte está proscrita en Venezuela desde 1863, pero organizaciones humanitarias registran entre 130 y 150 ejecuciones extrajudiciales cada año, a veces presentadas oficialmente como "enfrentamientos" entre policías y delincuentes.
El 17 de junio, tres delincuentes asaltaron una céntrica pastelería en Caracas, pero fueron sorprendidos por una comisión policial, produciéndose una balacera que causó la muerte a un asaltante y a la agente de policía Rosario Martínez.
Poco después, otros dos asaltantes ingresaron sin vida a un hospital local y, con base en la información de los agentes que actuaron en el caso, la comandancia de la Policía Metropolitana presentó su deceso como producto de un enfrentamiento.
Pero al día siguiente, el Canal Dos de la televisión privada mostró un vídeo de los dos asaltantes, John Calderón y Carlos Perdomo, detenidos con vida a las puertas de la pastelería y subiendo, por su propio pie, en un vehículo de la policía.
Las autoridades dieron marcha atrás en sus declaraciones iniciales y colocaron a los gendarmes a las órdenes del tribunal de Hoffman, que estableció en primer el homicidio y otros delitos cometidos por los delincuentes que dieron muerte a Martínez.
A continuación, la jueza ordenó la detención, para ser juzgados por el presunto delito de "homicidio calificado en grado de complicidad correspectiva", de los siete policías sindicados de la ejecución extrajudicial.
La "complicidad correspectiva" es una figura del código penal prevista para "cuando en la perpetración de la muerte o las lesiones han tomado parte varias personas y no pudiere descubrirse quien las causó".
Ello da pie a presumir que los policías actuaron en conjunto contra sus detenidos o bien se rehusaron a identificar al agente autor de los asesinatos.
Según el parlamentario Elías Mayaudón, de la comisión de Política Interior de la Cámara de Diputados, entre los policías hay un "código de honor" por el cual quien mate a un agente será ejecutado por los comañeros de la víctima.
Las autoridades han negado la existencia de ese supuesto código irregular.
La decisión de Hoffman suavizó la petición de la fiscalía, que inculpó a los agentes por homicidio intencional agravado por actuar con alevosía. Si los fiscales no apelan, la condena máxima será de 20 años de cárcel. (FIN/IPS/hm/ff/hd/96
