Los trabajadores bolivianos recibieron hoy con un paro nacional el proyecto gubernamental de Ley de Pensiones que adoptará el modelo de capitalización individual controlado por administradoras privadas de fondos de pensiones (AFP), aplicado en Chile y otros países de América Latina.
La Central Obrera Boliviana (COB), que convocó para este miércoles un paro de 24 horas, criticó al gobierno por presentar el proyecto sin previa discusión con los trabajadores.
El máximo dirigente de la COB, Milton Gómez, dijo que el proyecto de Ley no es una reforma, sino la liquidación del actual sistema, ya que la capitalización individual implicaría un desconocimiento del código de la seguridad social boliviana y del principio de solidaridad.
El proyecto, presentado el martes al Congreso, será aprobado sin mayor debate la próxima semana, según anunciaron miembros del gobierno que utilizará para este fin su mayoría parlamentaria, pese a la resistencia de los sindicatos y partidos de oposición.
Se trata de la última reforma de magnitud del gobierno del presidente Gonzalo Sánchez de Lozada, que convertirá a 3,7 millones de bolivianos en beneficiarios del nuevo sistema, en contraste con el actual, que sólo incorpora a 120.000 personas.
El nuevo sistema previsto en el proyecto, al que Sánchez de Lozada calificó como "la ley de la dignidad", incluye un "alivio de vejez", según el cual todos los bolivianos (asalariados o no) de 65 años o más recibirán un bono anual vitalicio de unos 200 dólares a partir de 1997.
El "alivio de vejez" será pagado con la capitalización (una forma de privatización parcial) de las empresas estatales de electricidad, telecomunicaciones, ferrocarriles, Lloyd Aéreo Boliviano, yacimientos petroleros y de fundiciones, proceso con el que el gobierno espera captar 1.400 millones de dólares.
Hasta ahí nadie discute la reforma gubernamental del sistema de seguridad social, pero la anunciada resistencia de trabajadores y políticos opositores se refiere a la próxima entrada en vigencia de las AFP.
El proyecto establece que funcionarán dos sistemas de seguridad social, el actual, y el sistema de capitalización individual manejado por las AFP, y los bolivianos podrán elegir uno de los dos para realizar sus aportes.
Los ciudadanos que decidan permanecer en el actual sistema deberán aportar 8,5 por ciento de su salario, pudiendo jubilarse a los 55 años los hombres y a los 50 las mujeres después de 25 años de trabajo, cuando hasta ahora se exigía 15 años.
Esta medida fue rechazada por la Confederación de Jubilados y Rentistas de Bolivia.
"Si bien algunos trabajadores estarían comprendidos en la edad, difícilmente van a poder alcanzar las 300 cotizaciones o los 25 años de trabajo", dijo Wenceslao Argandoña, máximo dirigente de los jubilados y rentistas.
Las personas que decidan pasar al sistema de las AFP deberán renunciar a todos los aportes que realizaron a los fondos vigentes hasta ahora y comenzar de cero.
Según el proyecto de ley, todas las personas que comiencen a trabajar por primera vez ingresarán sólo al nuevo sistema de las AFP y aportarán mensualmente 10 por ciento de sus ingresos.
La edad de jubilación, en el sistema de las AFP, será de 65 años, pero también las personas que hayan realizado aportes que les permitan obtener una renta equivalente a 80 por ciento de su salario base tendrán derecho a recibir una pensión de vejez.
Para este sistema, el gobierno permitirá el funcionamiento de sólo dos AFP, a las que se concederá un periodo de exclusividad aún no definido, debido al reducido tamaño del mercado boliviano.
Las empresas privadas, nacionales o extranjeras, interesadas en constituir una AFP en Bolivia deberán participar en un proceso de adjudicación y las dos elegidas cancelarán un capital mínimo de 1,44 millones de dólares.
La inminente operación de administradoras privadas de fondos de pensiones en Bolivia ha sido cuestionada también por economistas y políticos opositores.
"Los trabajadores van a dejar el 10 por ciento sus salarios para las AFP y esas administradoras van a poner los capitales en el exterior", comentó el parlamentario izquierdista Jerjes Justiniano, quien llamó a la población a una resistencia democrática a la reforma del sistema de pensiones.
Sería ridículo "que venga una administradora estadounidense y ponga nuestro dinero en la bolsa de valores de Nueva York, para que nosotros, un país tan pobre como Bolivia, estemos llevando capitales a Estados Unidos, cuando lo que queremos es tener capitales para nuestro desarrollo", añadió.
El parlamentario Ricardo Paz, de la populista "Conciencia de Patria", afirmó que el nuevo sistema de pensiones "es el gran negocio de la capitalización: es la cereza y el helado que buscan los capitalistas extranjeros". (FIN/IPS/jcr/ag/ip/96
