Juristas y expertos internacionales analizaron este fin de semana en la capital venezolana cómo impulsar que el derecho a la alimentación sea asumido como un derecho humano fundamental, en un mundo donde 40 millones de personas mueren por hambre cada año.
Se calcula que en la Tierra hay 800 millones de personas que sufren el problema del hambre en forma permanente, mientras que unas 100 millones se han desplazado de su lugar de origen en busca de mejores condiciones alimentarias y 20 por ciento de la población de Sur en desarrollo sufre desnutrición crónica.
Esa realidad contrasta con el hecho de que los expertos coinciden en que la producción agrícola puede saciar el hambre de más del doble de la población mundial actual, recordó a IPS el organizador del seminario, el venezolano Enrique Pérez Olivares.
La reunión de Caracas es uno de los pasos previos a la Cumbre Mundial sobre Alimentación que se realizará en Roma en noviembre y busca promover la tesis de que la única solución pacífica al problema de hambre y malnutrición mundial es el reconocimiento de que la alimentación es un derecho humano fundamental.
En la cita participan juristas y expertos en alimentación, entre los que destacan el subdirector general de la Organización para la Agricultura y la Alimentación (FAO), el alemán Hartwig de Haen, y el director del Instituto Noruego de Derechos Humanos, Asbjorn Eide, tenido por máxima autoridad en el tema.
El seminario es organizado por el Instituto Internacional Jacques Maritain, cantera del pensamiento político de orientación catolica, y se parte de que para enfrentar el hambre en el mundo se requiere un código internacional de conducta.
En la sesión inagural del encuentro, que se clausura este domingo, se recordó que tan sólo el incremento de los precios agrícolas que siguió a los acuerdos que dieron vida a la Organizacion Mundial de Comercio (OMC), provocó a los países pobre un costo suplementario de 3.500 millones de dólares.
Haen indicó a IPS que hay 82 países entre los más pobres del mundo que dependen en forma determinante de las importaciones de alimentos para la subsistencia de sus poblaciones.
Para los participantes en el encuentro, la solución del problema del hambre no puede dejarse al juego de los precios en los mercados, como se está haciendo con el modelo presente de globalización, "con el riesgo de que no se globalice la riqueza sino la pobreza", como dijo el italiano Roberto Papini.
Carlos Villán, coordinador de Asuntos Jurídicos del Centro de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, con sede en Ginebra, y el asesor jurídico de la FAO Gerald Moore indicaron que hay bases para convertir la alimentación en un derecho humano fundamental.
De hecho, se reconoció como tal en el Pacto de los derechos económicos, sociales y culturales de 1966, cuyo artículo segundo establece, como recordaron este sábado todos los ponentes, "el derecho fundamental de la persona a estar protegida contra el hambre".
Pero se trata de un Pacto con insuficiente peso legal internacional y donde no está explícito cómo ponerlo en práctica y cuáles son los compromisos internacionales y nacionales con ese fin.
Los ponentes en el seminario subrayaron que la legislación internacional se ha preocupado sobre todo de imponer reglas para la protección de los derechos políticos y civiles, caracterizados como derechos individuales. Pero no de "hacer justiciables" los derechos colectivos, como son los sociales y económicos.
Coincidieron en que si bien el derecho a la alimentación está presente en muy diferentes compromisos internacionales, como los que reconocen el derecho a la vida, el derecho de la madre a nutrir a sus hijos, o el del prisionero a recibir alimentos, se hace necesario tener un código especial sobre el tema.
Tras esa fase elemental, hay que enfocar las nuevas exigencias que surgen en la comunidad internacional en materia de seguridad alimentaria, en especial en casos de emergencia, como epidemias o situaciones de beligerancia.
Además, será necesario que una vez que definida la alimentación como un derecho humano fundamental, la comunidad internacional y en particular las Naciones Unidas definan estrategias precisas, para que se legisle a nivel mundial y nacional sobre el tema y se supervise su cumplimiento.
Los expertos y representantes de la Agencia de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) y de diferentes gobiernos participantes en el encuentro no se mostraron seguros que en la cumbre mundial de Roma se logre este objetivo.
Pero en el borrador del plan de acción que asumirán los jefes de Estado y de gobierno en noviembre un párrafo indica que se debe pedir a la FAO, junto con otras agencias de las Naciones Unidas, que elaboren un código de conducta para cumplir con el derecho humano a la alimentación.
Pero ese párrafo está entre corchetes, lo que significa en el lenguaje de las Naciones Unidas que hay países que lo objetan en us forma y fondo.
Haen precisó que el derecho a la alimentación no tiene que ser confundido con el derecho a recibir alimento en forma directa, sino que se trata de proveer los mecanismos para garantizar la seguridad alimentaria de la población.
En el seminario de Caracas sorprendió a los participantes internacionales la ausencia de mujeres, cuando son un elemento básico en la alimentación de la población y su movimiento organizado fue pionero en impulsar la tesis del derecho a la protección contra el hambre.
Juana Delgado, presidenta de los Círculos Femenisnos Populares de Venezuela, recordó a IPS que ese colectivo impulsó ya la déada pasada una demanda ante la Corte Suprema de Justicia para que el acceso a una cesta básica de nutrientes alimentarios fuera refrendado como un derecho humano colectivo.
El máximo tribunal del país desestimó la demanda porque la Constitución no contempla la alimentación como un derecho, aunque sí el de la vida, la educación o la vivienda. (FIN/IPS/eg/dg/pr/96
