Haití y Panamá volverán a disfrutar de los beneficios del Programa de Cooperación Energética con América Central y el Caribe de México y Venezuela desde agosto próximo, cuando será renovado el llamado Pacto de San Jose.
Los presidentes Ernesto Zedillo, de México, y Rafael Caldera, de Venezuela, prorrogarán por décima sexta vez consecutiva el acuerdo mediante el cual 11 países reciben hasta 160.000 barriles diarios de petróleo en condiciones preferenciales.
La declaración conjunta que emitirán los mandatrios el 2 de agosto también refrendará que el suministro podrá ser recibido por las empresas energéticas de los beneficiarios pese a que hayan sido privatizadas, para responder a un fenómeno extendido en el istmo centroamericano.
Negociadores venezolanos para el Pacto explicaron a IPS que el retorno pleno de Haití y Panamá fue posible por los acuerdos logrados con los gobiernos de los dos países en torno a sus respectivas moras de pago por los créditos otorgados.
Los dos mayores exportadores de energía de la región aseguran a los beneficiarios, a partes iguales, una cuota de crudo y derivados, de cuya factura les es devuelta 20 por ciento en préstamos blandos.
Los créditos están actualmente destinados a financiar proyectos de desarrollo, con privilegio de los que cuenten con participación de empresas de México y Venezuela, y la adquisición de productos de los dos países.
A cambio, según analizó Luis Giusti, presidente del grupo estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA), los dos exportadores se garantizan una posición privilegiada en una de las áreas con la demanda más dinámica del mercado mundial.
Haití será nuevamente un miembro pleno y formal del Pacto, después que fue suspendido en dos ocasiones, la primera cuando se descubrió que el dinástico dictador Jean Claude Douvalier revendía en el mercado ocasional parte de la cuota del país.
La segunda suspensión tuvo lugar cuando el general Raoul Cedras derrocó en septiembre de 1991 al primer presidente surgido de unas elecciones libres en Haití, Jean Bertrand Aritide, tras siete meses en el poder.
Venezuela apoyó a Aristide con medidas políticas y económicas, entre las que estuvo el suministro bajo el esquema del Pacto de 6.500 barriles diarios, mientras México no llegó a sumarse a esta iniciativa.
Caracas suspendió los embarques a Haití en seguimiento a un embargo internacional contra Cedras. Cuando Aristide fue repuesto en el poder en octubre de 1994, el actual gobierno mantuvo la suspensión bajo el argumento de una deuda acumulada de cinco millones de dólares por entregas, créditos e intereses vencidos.
Los negociadores aseguraron que el actual gobierno haitiano del presidente René Préval pagó intereses vencidos y acordó un plan de amortización de capital, al pedir su regreso operativo al Pacto.
Mientras, México mantuvo paralelos contactos con Puerto Príncipe que activaron su interés en que Haití vuelva a ser el undécimo beneficiario pleno del Pacto, junto con Barbados, Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Jamaica, Nicaragua, República Dominicana y Panamá.
En el caso de Panamá, ese país dejó de beneficiarse del acuerdo por paralelas deudas con México y Venezuela, que en el caso venezolano superan los 90 millones de dólares.
Panamá presentó finalmente una fórmula de pago satisfactoria para los dos países y ya concluyó un acuerdo con México, mientras con Venezuela está previsto cerrar la negociación la semana próxima, en una reunión en Caracas.
La renovación del 2 de agosto parece destinada a superar un período de marejada en las capitales exportadoras y consumidoras del petróleo, que llevó a pensar si los avatares de la imposición de las leyes del mercado no harían zozobrar uno de los esquemas más exitosos de cooperación Sur-Sur.
Pero las aguas parecen haber retornado a su cauce y ahora en uno y otro lado se asegura que el programa tiene claros beneficios, mientras se introdujeron sustanciales cambios en el manejo de los fondos crediticios disponibles, que mejora su utilización.
Entre los donantes, fue en Venezuela donde se dirigió una campaña contra el Pacto, tendiente a mostrarlo como un programa que "regalaba" fondos sin recuperación, mientras la población venezolana pasaba fuertes penurias económicas.
Pero las cifras muestran que 60 por ciento de los ingresos del Fondo de Inversiones de Venezuela (FIV), que maneja el área financiera del acuerdo, provienen del área de la cooperación, reseñaron las fuentes.
Los mismos empresarios impulsaron que se modifique el límite de 15 por ciento en que el FIV puede comprometer en créditos de su patrimonio, así como la rebaja a 50 por ciento de los bienes y servicios que deben ser adquiridos en el país para el financiamiento de un proyecto en una nación beneficiaria.
Por su parte, el FIV eliminó el depósito del 20 por ciento de la factura en los bancos centrales para apuntalar las balanzas de pago, mientras los recursos eran usados para proyectos.
Ese mecanismo promovía medidas muy restrictivas para aprobar préstamos, ya que las autoridades financieras preferían mantener la masa de recursos a bajo interés y largo plazo como soporte monetario y no canalizarla al comercio y proyectos de desarrollo.
Los propios programas de liberalización internos, en especial en los países centroamericanos, facilitaron el aumento de los procesos de licitación para los proyectos locales en lugar de las asignaciones directas, lo que a su vez apoya la presencia de empresas mexicanas y venezolanas.
En tanto, los países centroamericanos y caribeños pasada la euforia de un mercado petrolero dominado por los compradores y con exceso de oferta, han visto que la seguridad de suministro y los créditos que otorga el Pacto son realmente convenientes.
No hay que olvidar que los países beneficiaros han recibido más de 2.000 millones de dólares para apuntalar sus economías en préstamos sin las exigencias de los organismos multilaterales y con condiciones más blandas, recordaron las fuentes.
Varios países dejaron de adquirir petróleo al amparo del acuerdo en diferentes momentos de esta década, sobre todo cuando los precios cayeron por debajo de los 15 dólares el barril, lo que desactiva la devolución parcial de la factura.
Paralelamente, Honduras y después la mayoría de los países centroamericanos privatizaron sus refinerias y demás empresas de energía, lo que los apartaba del Pacto, surgido como acuerdos de Estado a Estado.
Ya hace un año las compañias estatales de México y Venezuela quedaron libres de mantener las entregas a las empresas privatizadas, algunas de las cuales pasaron a grandes transnacionales. Pero la medida fue a través de una mención poco explícita, destinada a tantear el terreno.
Ahora se comprobó que son posibles mecanismos para supervisar que no se produzca desvío de comercio y la extensión de las cuotas al sector privado quedará establecida en la declaración presidencial de manera clara, en acuerdo con los gobiernos.
El Pacto ha promovido además que en la medida que crece la demanda interna en los diferentes países, la adquisición adicional se reparta entre los dos abastecedores tradicionales: PDVSA y la mexicana Pemex.
Un ejemplo: República Dominicana adquiere a PDVSA 35.000 barriles diarios de crudo y derivados, de los que sólo 14.000 son la cuota asignada dentro del Pacto.
PDVSA considera en su plan para el año 2005, que América Central y el Caribe será el área más rentable de las que es abastecedor tradicional, por encima de América del Sur y Estados Unidos y Canadá, y plantea que merece la pena el esfuerzo de proteger la posición priviligiada en ese mercado. (FIN/IPS/eg/ag/if-en/96
