Las comunidades indígenas amazónicas acusan al Estado peruano de rehuir la responsabilidad de proteger los derechos que les asisten frente a empresas extranjeras autorizadas a buscar y extraer petroleo y gas en la selva.
"Así como se exige a las empresas petroleras presentar un programa de protección del medio ambiente, también se les debe pedir un programa de solución de los problemas sociales que crearán", señaló César Sarasara, secretario general de la Confederacion de Nacionalidades Amazónicas de Perú (CONAP).
Los líderes de la CONAP, una organización de defensa de los nativos amazónicos formada en 1987, solicitan al gobierno un marco legal de protección social, similar al dictado para preservar el ambiente.
"El Estado debe garantizar la defensa de nuestros derechos, porque las petroleras no solamente ponen en peligro el medio ambiente", sino que "también amenazan al hombre indígena, que debe ser lo primero en cuidarse", advirtió Sarasara.
La legislación peruana reconoce a los nativos de la selva la propiedad del suelo y de los bosques en los territorios ocupados históricamente por sus comunidades. Pero en algunas zonas, el subsuelo ha sido concedido a empresas petroleras, creándose un conflicto de derechos e intereses.
Según la ley reguladora de las actividades petroleras, cuando una zona concedida abarca alguna propiedad particular, la empresa concesionaria debe negociar con los propietarios. Si no hubiera acuerdo, el Estado intervendría como árbitro.
La aplicación de ese esquema legal se complica, puntualizó Sarasara, porque las comunidades nativas de la Amazonia no están en situación jurídica uniforme frente a los territorios que la Constitución les reconoce como patrimonio ancestral.
Por desconocimiento o falta de apoyo, muchas comunidades han recibido títulos sólo por el terreno en se levanta su aldea, pero su economía natural depende del bosque adyacente.
"El Estado fue siempre un padre ausente para nosotros. Sólo nos ayudaron organizaciones religiosas o antropólogos, en forma aislada. Algunas comunidades tienen hasta 15.000 hectáreas, y otras sólo 20 hectáreas, porque sus territorios fueron adjudicados a colonos y empresas madereras", dijo Sarasara.
Por otro lado, la norma legal obliga a cada una de las aldeas afectadas, cuya economía aún está saliendo de la fase de caza, pesca y recoleción de frutos, a negociar con los abogados de las poderosas empresas transnacionales.
Mientras el petróleo se extrajo únicamente de los desiertos de arena o del zócalo marino, las empresas no chocaron con ninguna comunidad, pero en la decada del 70, un gobierno militar abrió la selva nororiental a las transnacionales petroleras.
"No existían entonces condiciones políticas para conocer y defender los derechos de la población nativa, y el gobierno sostenía que los yacimientos estaban en bosques deshabitados", indicó Tarcila Rivera, experta indigenista.
Pero cuando en mayo de este año se firmó el contrato con el consorcio Shell-Mobil para la explotacion de los yacimientos de gas del río Camisea, en la selva suroriental, las circunstancias habían cambiado, por la presencia de organizaciones indígenas y del movimiento ecologista nacional e internacional.
Los líderes indígenas no se oponen a la extracción del gas y del petróleo existente en el subsuelo de sus territorios ancestrales, pero creen que debe obligarse a las empresas a preservar hasta donde sea posible el habitat natural.
"El gobierno se hace el sordo, no nos quiere escuchar porque las comunidades indígenas le interesan menos que el petroleo", manifestó Sarasara.
"Los políticos dicen que nosotros somos duenos de la Amazonia. Yo diría, lo fuimos, porque estamos siendo cada vez más empujados. El Estado debe reconocer que donde otorga concesiones, viven indígenas", agregó.
Sarasara asistió a una reunión con las compañías petroleras para discutir la situación de las tribus machiguengas, que viven en la zona del río Urubamba, un área de influencia de Shell-Mobil.
"Hemos formado una comisión para proseguir el diálogo y estamos estudiando una propuesta para establecer un fondo fiduciario, quizás de 30 años, para un proyecto integral de desarrollo de nuestras comunidades", concluyó Sarasara.
Cinthia Piedra, coordinadora de relaciones públicas de Meppi, empresa subsidiaria de Mobil que realizará las exploraciones, defiende el trato directo con las comunidades afectadas, "porque permite tener una idea más precisa de sus necesidades y expectativas".
Armando Telles, gerente de la misma empresa, aseguró que la fase exploratoria no afectará el ambiente ni a las comunidades nativas.
"Solo abriremos una trocha (camino) de un metro de ancho, cortando árboles de menos de 15 centímetros de diámetro, de modo que la reforestacion natural sera rápida", dijo Telles. (FIN/IPS/al/ff/en pr/96
