Las reformas económicas implementadas en 1994 por el presidente panameño Ernesto Pérez Balladares comienzan a mostrar signos de agotamiento, mientras crecen las críticas y la amenaza de conflictos sociales que podrían comprometer la estabilidad del país.
Lanzado como una especie de panacea para contrarrestar en tres años el alto grado de pobreza y desempleo que padece Panamá desde finales de la década pasada, el plan económico de Pérez Balladares parece ir hacia el fracaso, en opinión de expertos y empresarios.
El paro general contra la política económica realizado la semana pasada por la población de la empobrecida ciudad caribeña de Colón, de 85.000 habitantes, fue señalado por la Iglesia Católica y los empresarios como una muestra de la inquietud social causada por las medidas gubernamentales.
Colón, donde se encuentra la zona libre internacional del mismo nombre, sufre un notable deterioro social, con un desempleo superior a 50 por ciento de su población activa, 70 por ciento de déficit habitacional y serias carencias en materia de salud y servicios sanitarios.
Un informe de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) indicó que el escaso impulso a la formación de capital, el virtual estancamiento del consumo y la reducción de la demanda de mercancias desde el exterior "se confabularon negativamente contra el desempeño económico" de Panamá durante 1995.
El crecimiento económico, que fue de 7,1 por ciento entre 1990 y 1993, se limitó a 3,7 por ciento en 1994 y sólo a 1,9 en 1995. El economista Juan Jované advirtió esta semana que la pérdida de vigor de la actividad "en cierta forma era previsible".
Jované, director del Departamento de Investigación Económica de la estatal Universidad de Panamá, dijo que el gobierno no tuvo en cuenta que la economía mundial entraba en recesión y que no era recomendable implementar "politicas económicas de choque como ocurrió aqui".
Además de la privatización de empresas públicas, el gobierno redujo los aranceles de importación, reformó el codigo laboral, extendió el impuesto sobre la renta a la internacional zona libre de Colón y eliminó o redujo los reintegros de exportación a la industria y el agro, entre otras medidas.
De acuerdo con el informe de CEPAL, esa política de choque causó en 1995 una reducción de más de cuatro por ciento de la actividad comercial y de 6,3 por ciento de los servicios financieros, mientras que la agricultura, la construcción y la industria crecieron por debajo de 2,5 por ciento.
Datos de la Contraloría general de Panamá señalan que los indicadores negativos se acentuaron durante el primer trimestre de 1996.
La actividad de la zona libre de Colón generó en el quinquenio pasado alrededor de 10 por ciento del producto interno bruto, pero entre enero y marzo de este año, sus importaciones cayeron 14,4 por ciento y sus exportaciones, 6,3 por ciento.
La construcción decreció 9,5 por ciento en el trimestre analizado, el sector bebidas alcohólicas se redujo 7,4, la producción de leche pasterizada 53,1 por ciento, el sacrificio de ganado, 0,1 por ciento y las exportaciones totales cayeron 6,1 por ciento.
A ello se agrega una caída de 54,5 por ciento de la recaudación del impuesto al consumo y de 10,5 por ciento de los ingresos de hacienda por el impuesto sobre la renta.
No obstante, Pérez Balladares afirmó el día 6 ante un grupo de industriales que el llamado plan de modernización de la economía no se podía posponer.
Tras indicar que actuó "de acuerdo con los dictados de la realidad y la conveniencia nacional", el presidente señaló que la economía mundial está cambiando y que los panameños "no podemos darnos el lujo de creer que aislados de todo el mundo es posible mejorar y progresar".
Y aunque las críticas son casi generalizadas, debido a la negativa situación económica, Pérez Balladares aseguró que, "después de cierto tiempo, cuando comiencen a salir en la práctica los resultados, el lenguaje cambiará y también se transformará la actitud de la gente".
Sin embargo, los pobladores de Colón, los empresarios de la zona libre, el comercio local, los transportistas y el alcalde Alcibíades Gonzalez, amenazan con otra huelga general que, según la Iglesia Católica, podría ser la mecha que encienda la bomba del descontento social en el resto del país. (FIN/IPS/sh/ff/if/96
