Nicaragua se convertirá en el primer país centroamericano en privatizar su compañía telefónica, el sábado próximo, día en que cuatro empresas multinacionales harán pública su oferta de compra de 40 por ciento de las acciones de la Empresa Nicaragüense de Telecomunicaciones (ENITEL).
Las firmas licitantes son Telefónica Internacional, de España, CTC, de Chile, y Sprint Internacional y ATT, ambas de Estados Unidos. Ganará quien haga la mayor oferta y la concesión durará 20 años prorrogables.
"Los españoles vienen con ventaja, pues tienen experiencia en estas lides", señaló a IPS René Gutiérrez, director de Telcor, organismo que fungirá como ente regulador.
"Ellos (Telefónica Internacional) han concursado en seis países latinoamericanos y ganaron en dos (Chile y Perú), parcialmente en uno (Argentina) y son socios en el consorcio que ganó en Venezuela", añadió.
La Ley contempla vender 40 por ciento de las acciones de ENITEL a una empresa multinacional y 10 por ciento a los trabajadores de la empresa, que también se harían, por donación, con otro uno por ciento del capital. El resto -49 por ciento- quedará siempre en manos del Estado.
De todas las empresas oferentes, Telefónica Internacional es la que tiene una presencia mayoritaria en el mercado latinoamericano.
En el sector de operadoras telefónicas, por ejemlo, tiene presencia en México, Perú, Venezuela, Argentina y Chile, ya sea en forma individual o en consorcio con otras firmas.
Además, en el ramo de la telefonía móvil y la TV por cable, la firma española se ha asentado en Colombia y Argentina, respectivamente.
"Los españoles tienen un concepto empresarial muy avanzado en el campo de las comunicaciones", comentó Gutiérrez. "Sus ejecutivos son muy cerebrales, gente de mucho talento, sumamente agresivos en los negocios", añadió.
El proceso de privatización de las telecomunicaciones nacionales debió haber concluido hace más de un año, según el cronograma oficial.
Sin embargo, sufrió severos retrasos debido a la oposición tajante del sindicato de ENITEL, dominado por el sandinismo.
Pese a ello la ley fue aprobada en diciembre de 1995 por el parlamento, tras asegurar por vía jurídica la estabilidad laboral, metas rígidas de inversión y que el monto obtenido por la venta sea destinado para redimir los Bonos de Indemnización a los confiscados y para el financiamiento de viviendas populares.
Hace más de un año, el número de empresas precalificadas era de diez. En el camino quedaron GTE, de Estados Unidos, Cables & Wireles, de Inglaterra, Stet, de Italia, France Telecom, Singapore Telecom y Korea Telecom.
Esas multinacionales, explicó Gutiérrez, no aceptaron las condiciones finales de la operación.
Según Gutiérrez, "el corazón" es el Contrato de Concesión, un texto de casi cien páginas. "Es una versión muy amplia, detallada, de la ley 210 (Privatización de ENITEL)", dijo. "Ahí estan establecidas las reglas del juego y son invariables".
El contrato de concesión establece, por ejemplo, la obligatoriedad del inversionista de expandir en dos años la red telefónica nacional, hasta alcanzar una densidad de seis líneas por cada cien habitantesm el triple de la actual.
Además, deberá garantizar que al 31 de diciembre de 1998 el número de teléfonos públicos supere los 2.000, con el fin de garantizar el servicio a las comunidades alejadas y pequeñas.
También, en términos financieros, la empresa ganadora deberá mantener una garantía de cinco millones de dólares mientras dura el proceso de exclusividad, para pagar las multas que imponga Telcor. A la vez, una fianza por 15 millones de dólares.
"Si la transacción es un éxito, marcará un hito para América Central porque Nicaragua será el primer país en el área en privatizar sus telecomunicaciones", señaló Gutiérrez. "Ese es un valor intangible", agregó.
Sin embargo no todo es "color de rosa", ya que aún persisten críticas y oposición al proceso de privatización.
"No se está llevando a cabo este programa por una necesidad real del país sino por exigencias del Fondo Monetario", dijo a IPS Mario Malespín, líder de la Federación Sindical de ENITEL.
"Esta imposición surgió en octubre de 1992, cuando exigieron al gobierno de Violeta Chamorro privatizar la energía, las telecomunicaciones, las minas y la pesca, a cambio de financiamiento externo", insistió Malespín.
El líder sindical calificó de "absurdo" privatizar una empresa que genera al Estado utilidades por 20 millones de dólares anuales y que dispone de una de las redes de comunicación más modernas del área.
Asimismo, afirmó que las experiencias de privatización en Argentina, Perú y Venezuela han resultado "un fiasco" para los usuarios, ya que las tarifas se han encarecido y no han cumplido con las metas.
"Esa privatización es completamente absurda, va a resultar un desastre y todo por culpa de los diputados que entregaron en bandeja la soberanía nacional", acusó Malespín.
Luego que se aprobó la ley de privatización de ENITEL, la federación sindical demandó la realización de un plebiscito sobre el destino de las telecomunicaciones, que respaldó en más de 100.000 firmas.
Para la convocatoria ese tipo de consulta popular se exige unb mínimo de 50.000 firmas, pero el parlamento no hizo el menor esfuerzo por dar curso a la iniciativa, según señala el sindicato, y el sábado se sellará la suerte de la empresa estatal de telecomunicaciones. (FIN/IPS/rf/dg/ip-if/96)
