El gobierno nicaragüense obtuvo un triunfo diplomático al conseguir de Estados Unidos un año de prórroga para resolver cerca de mil casos de ciudadanos de ese país cuyos niebes fueron confiscados durante la revolución sandinista.
La decisión estadounidense fue hecha pública en Washington por el secretario de Estado en funciones Peter Tarnoff, en reconocimiento a los avances logrados por el gobierno de Violeta Chamorro en este tema de la agenda política bilateral.
"Nicaragua ha resuelto arriba de 1.200 casos de ciudadanos de Estados Unidos, lo cual es muy positivo, pero quedan por resolver unos mil casos más", aseguró a IPS el embajador en Managua John Maisto.
"Nosotros, como gobierno, no vamos a descansar hasta que no haya un solo caso de confiscado en Nicaragua. Es nuestro deber, es nuestro objetivo y vamos a asegurarlo", añadió.
La prórroga fue concedida hasta el 31 de julio de 1997, lo cual implica que la solución final de este problema será responsabilidad del gobiern oquw resulte electo el 20 de octubre.
Según el Ministerio de Finanzas, más de 5.500 familias nicaragüenses, estadounidenses y de otras nacionalidades vieron sus bienes confiscados en la época revolucionaria (1978-1990), a través de diferentes decretos y leyes. En total, más de 16.000 bienes fuerom afectados.
"En términos de propiedad, el gobierno de Violeta Chamorro enfrentó el desafío más grande del continente, ya que por el número de casos y de personas afectadas resultó de una magnitud extraordinaria", dijo a IPS el ministro de Finanzas Emilio Pereira.
Los estadounidenses involucrados por esas medidas fueron unos 2.200, la mayoría de los cuales nicaragüenses que huyeron a ese país durante el régimen sandinista y obtuvieron la ciudadanía.
"Hemos resuelto 70 por ciento de los casos, lo cual demuestra que el gobierno nicaragüense está seriamente comprometido con resolver este problema", dijo Pereira.
Entre 1990 y 1991, se resolvieron 77 casos, entre 1992 y 1993 la cifra se elevó a 350 y en los dos últimos años sobrepaso los 1.200.
La mayoría fueron indemnizados con bonos gubernamentales, ya que las propiedades estaban ocupadas por familias beneficiadas por la reforma urbana o rural impulsada por el gobierno sandinista en los años ochenta.
En el mercado local de valores, esos bonos se han cotizado en hasta 23 centavos por dólar. El precio tiende a subir ya que una buena parte del monto que se obtendrá por la privatización de la empresa de telecomunicaciones servirá para valorizarlos con la compra de bonos del Tesoro de Estados Unidos.
Desde hace dos años Washington otorga prórrogas a Managua para resolver este tema, con lo cual le permite continuar beneficiándose de la ayuda bilateral y acceder a créditos de organismos multilaterales.
Entre 1990 y 1995 la cooperación estadounidense alcanzó 663 millones de dólares, en proyectos productivos y de infraestructura. La ayuda global de la Unión europea fue de 840,8 millones de dólares en el mismo período.
Durante años, el problema de "los confiscados" ha sido una "piedra" en las relaciones bilaterales. Los ciudadanos estadounidenses afectados recibieron el apoyo del poderoso congresista por Carolina del Norte Jesse Helms.
Helms, coautor de la polémica ley Helms-Burton que refuerza el bloqueo contra Cuba promovió sin éxito una iniciativa similar para enjuiciar a nicaragüenses que ocupan antiguos bienes de estadounidenses, aunque fracasó en su intento.
"El gobierno nicaragüense tiene la obligacion de dar seguimiento a sus promesas, hechas en varias oportunidades, de terminar con este problema", dijo el embajador Maisto.
"Vamos a estar examinando semana por semana, mes por mes, el progreso del gobierno de Nicaragua en este campo", añadio el embajador. (FIN/IPS/rf/dg/ip/96
