La presencia en México de una delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA generó expectativa en momentos que arrecian quejas por violaciones de las garantías individuales.
Siete miembros de la CIDH inciaron este lunes trabajos en México, invitados formalmente por el gobierno del presidente Ernesto Zedillo en noviembre pasado, luego de que organismos humanitarios y políticos opositores reclamaran durante años su visita.
La CIDH, fundada hace más de tres décadas, y la Corte Interamericana de Justicia, son los principales soportes del sistema interamericano de protección y promoción humanitaria.
Con motivo de su presencia en México, 40 organizaciones no gubernamentales indicaron este martes que presentarán un documento donde denuncian que el gobierno del presidente Zedillo preparara un nuevo marco jurídico contra la delincuencia que viola los derechos humanos.
Además, sostienen que existen irregularidades en la administración y procuración de justicia, hay una creciente militarización en el país, persiste la tortura, aumenta la violencia política y no se respetan los derechos laborales.
Durante la visita de la delegación de la CIDH, que se prolongará por 10 días, las autoridades presentarán informes sobre "los avances en el terreno de la protección de los derechos humanos", indicó por su parte la cancillería mexicana.
Los delegados además de recibir quejas de grupos humanitarios independientes, se reunirán con organizaciones de campesinos que denuncian persecución y algunos casos de detenciones ilegales y torturas, y viajarán al sudoccidental estado de Guerrero, donde a fines de junio se presentó un brote guerrillero.
También visitarán el sureño estado de Chiapas, donde se reunirán con miembros de la guerrilla zapatista y representantes de la Iglesia Católica, que denuncia la presencia de grupos armados irregulares amparados por hacendados e incluso por las autoridades.
México era el único país de América Latina que no había recibido una visita de la CIDH, entre otros motivos porque los gobiernos de este país cuestionaban el alcance supuestamente supranacional del organismo.
"Para la Comisión es relevante la invitación del gobierno de México y del presidente porque es la primera vez que visita el país desde que fue fundada en 1959", dijo este martes el chileno Caludio Grossman, presidente de la Comisión.
Grossman indicó que al término de su visita la CIDH decidirá si emite un informe general o toma algunos casos específicos para darles seguimiento.
La presencia de los delegados se produce un mes después de que Amnistía Internacional emitió un informe en el que consideró la situación humanitaria en México "sumamente preocupante", pues persiste la impunidad de las autoridades, hay presos de conciencia y se reportan ejecuciones extrajudiciales.
Al igual que lo hizo con la evaluación presentada por el grupo Human Rights Watch, que en febrero pasado calificó de grave la situación de los derechos humanos en México, el gobierno consideró exagerada la evaluación de Amnistía Internacional.
Según el grupo local Comité de Derechos Humanos Agustín Pro, la visita de la CIDH puede desembocar en un informe final que coloque al gobierno mexicano por primera vez en "el incómodo banquillo" de los acusados por violaciones de los derechos humanos dentro de la OEA (Organización de Estados Americanos).
Para Rocío Culebro, secretaria de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos, que reúne a 40 grupos humanitarios de México, su presencia "servirá para que por primera vez la víctimas de violaciones expongan directamente lo que sucede en el país".
"Hasta el momento el organismo ha recibido mayor información del gobierno que de los afectados, quienes no tienen los medios para viajar a la sede la OEA en Washington", dijo Culebro.
La presencia de los delegados de la CIDH coincide con la masiva militarización que ordenó el gobierno en Guerrero a raíz de la aparición del Ejército Popular Revolucionario.
La oposición, organismos humanitarios y grupos campesinos sostienen que con el pretexto de perseguir a la guerrilla los militares han detenido en forma arbitraria y luego torturado a decenas de campesinos.
Pero también en Veracruz y Chiapas el gobierno persigue a los opositores, sostuvo Culebro.
Una de las quejas en que pone énfasis la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos en el documento que presentará a la CIDH es contra la nueva ley antidelincuencia que se discute en el Congreso por iniciativa gubernamental.
La propuesta contempla la autorización del espionaje telefónico, reduce la edad de imputabilidad penal de 18 a 16 años, permite que se negocien reducciones de penas a cambio de confesiones y se integran cuerpos policiales de élite que tendrían sistemas autónomos de inteligencia. (FIN/IPS/dc/ag/hd/96
