Fuentes oficiales se contradicen al momento de hablar del recién surgido Ejército Popular Revolucionario (EPR), mientras los presuntos militantes de este grupo surgido en junio siguen actuando y arrecian las quejas por la militarización de zonas rurales y el acoso a dirigentes campesinos.
A pocos días de que el secretario de Gobernación, Emilio Chuayffet, calificara al EPR como grupo delictivo, al igual que las autoridades de Guerrero, estado donde la organización opera, el presidente Ernesto Zedillo expresó este jueves que prefiere no anticipar dictámentes y "no juzgar sin conocimiento".
"Con todo respeto, pero también con toda energía les digo a quienes proclaman la violencia que están equivocados, que rectifiquen, que en la democracia, en la ley y el respeto podrán encontrar satisfacción a sus aspiraciones", declaró Zedillo durante una visita a Guerrero.
En el segundo comunicado desde su irrupción en un acto público, durante el que sus miembros leyeron un manifiesto contra el gobierno, el EPR reconoció este viernes que el Ejército descubrió en una cueva parte de su armamento y dio su versión sobre un enfrentamiento registrado este martes con militares.
Al mismo tiempo, pobladores de zonas rurales de Guerrero, 272 kilómetros al sur de la capital mexicana, informaron que varios miembros del EPR, con los rostrod cubiertos y fuertemente armados, han aparecido en público en nuevas ocasiones para entregar propaganda donde invitan a sumarse a su lucha.
El subsecretario de Gobernación, Arturo Núñez, indicó que el pasado martes fueron atacados por desconocidos "cocineros militares" que pasaban "casualmente" por un camino rural en Guerrero. Un civil resultó muerto y otro herido, señaló.
Sobre el mismo hecho, que el EPR reivindicó, la Secretaría de Defensa dijo que los soldados involucrados no eran cocineros sino miembros regulares de sus filas que realizaban investigaciones. Al momento del ataque, el grupo armado que no identifica asaltaba un camión de mudanzas, afirmó la dependencia.
Cuando la policía llegó al lugar de los hechos para levantar el acta respectiva, los militares se habían retirado, quizá llevándose a un soldado herido y las evidencias del ataque, dijo el analista y consejero del Instituto Federal Electoral Miguel Angel Granados.
El único efecto real del EPR hasta el momento, además de desnudar las contradicciones oficiales, son los golpes sistemáticos recibidos de parte de las autoridades por las agrupaciones sociales que actúan en Guerrero, sostuvo Granados.
Alrededor de 10 personas, en su mayoría dirigentes campesinos, han sido detenidas acusadas de ser parte o apoyar al EPR. Varias de ellas denunciaron tras la detención haber sido torturadas y obligadas a firmar declaraciones falsas.
Tras la irrupción del EPR, grupo del que se desligaron e incluso cuestionaron la mayoría de las organizaciones políticas y sociales del país, incluida la guerrilla zapatista de Chiapas, cientos de militares llegaron a Guerrero.
Una delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que esta semana inició por primera vez una visita a México, estuvo en ese estado para conocer denuncias e investigar la muerte de 10 campesinos, que en 1995 fueron baleados a mansalva por la policía.
Fue precisamente en un acto conmemorativo realizado a un año de la matanza que el EPR se presentó por primera vez en público y se declaró "alzado en armas" para "derrocar al gobierno antipopular e ilegítimo al servicio del capital nacional y extranjero".
Portavoces de la Organización de Campesinos de la Sierra Sur, así como del Frente Amplio para la Construcción del Movimiento de Liberación Nacional, reiteraron este viernes denuncias contra autoridades por "hostigar y detener injustificadamente" a sus miembros "con el pretexto" de investigar al EPR.
En su visita a Guerrero, durante la que se escucharon pedidos de apoyo económico y demandas para se retire el Ejército, Zedillo dijo que "se equivocan las minorías que creen que en la violencia hay respuesta o esperanza. La violencia no le sirve a nadie, ni a quienes la proclaman buscando soluciones".
El presidente señaló que los militares no saldrán de Guerrero "hasta que entreguen las armas", en aparente alusión al EPR, cuya existencia aún es puesta en duda por autoridades de ese estado.
Además de ser un importante centro vacacional donde destaca el puerto de Acapulco, Guerrero es una zona de fuerte presencia indígena y alta marginalidad. De sus 2,2 millones de habitantes 76 por ciento vive en áreas rurales.
Aunque las autoridades lo han negado públicamente, documentos reservados del Ejército difundidos por la prensa local señalan que se conocía de la existencia de grupos armados de corte insurgente en Guerrero desde hace varios años. (FIN/IPS/dc/dg/ip/96)
