Una organización de campesinos del suroccidental estado de Guerrero, de México, donde el viernes se presentaron en público militantes de un supuesto grupo rebelde, aseguró hoy que el ejército detuvo y sometió a tortura a varios de sus miembros.
Voceros de la Organización Campesina de la Sierra Sur (OCSS), un grupo al que las autoridades creen vinculado al Ejército Popular Revolucionario (EPR), informaron haber denunciado a Amnistía Internacional y a la Comisión Interamericana de Derecho Humanos la "persecución" desatada en su contra.
Sesenta activistas armados del EPR irrumpieron sorpresivamente el viernes en un acto público de la OCSS en Guerrero para leer una proclama en la que declararon la guerra al gobierno.
La OCSS indicó que tres de sus afiliados fueron puestos en libertad este lunes, tras ser torturados por los militares. Agregó que otros tres campesinos permanecen desaparecidos, pero las autoridades no reconocen su detención.
La proclama insurgente del viernes determinó al gobierno a lanzar a más de 3.000 soldados a la captura de los presuntos guerrilleros. La movilización militar abarca 12 de los 76 municipios del estado de Guerrero, que se encuentra sobre la costa del Pacífico y a 272 kilómetros de la capital.
"Hay plena tranquilidad en todo el territorio", afirmó este martes Angel Aguirre, gobernador del estado, quien agregó que "hay la percepción" de que EPR podría estar vinculado al narcotráfico.
Aguirre quien reemplazó al gobernador titular Rubén Figueroa, responsabilizado por la Suprema Corte de Justicia de la matanza de 17 campesinos de la OCSS, un hecho cometido por la policía el 29 de junio de 1995.
Ningún partido político ni organización, incluida la guerrilla zapatista del estado de Chiapas, ha expresado respaldo al supuesto nuevo grupo insurgente. En cuanto a la OCCS, dice respetar aunque no apoyar la forma de lucha del EPR.
El gobernador de Guerrero señaló a una emisora local que es "por los menos sospechoso" el hecho de que militantes de la OCSS facilitaran el ingreso y luego la salida de los supuestos guerrilleros del acto público del viernes, según parece surgir de videos grabados en el lugar.
"No podemos hablar mal" de los integrantes del EPR. Respetamos su forma de lucha, pero no tenemos ninguna vinculación", declaró Beningno Guzmán, líder de la OCSS.
Guzmán aseguró que autoridades han intentado sobornarlo y lo han amenazado para que se retire de la organización campesina opositora.
Para evitar "malas interpretaciones o un sobredimensionamiento de los acontecimientos", la cancillería difundió entre embajadas y consulados la postura oficial del gobierno frente al surgimiento del EPR.
La información distribuida se basa en datos de la secretaría de Gobernacion (Interior), que no considera al EPR un "movimiento armado de tipo subversivo".
Esteban Mendoza, ex director del gobierno de Guerrero, informó a la prensa local que Figueroa, quien pidió licencia en marzo, tenía desde hace varios meses reportes relativos a la existencia de grupos guerrilleros, pero nunca tuvo pruebas.
"Siempre supimos que se reunían, que habían campos de formación militar y que había grupos armados, pero eran sólo rumores, (y) nada fue confirmado", expresó Mendoza.
Antes de la matanza de junio de 1995, el entonces gobernador Figueroa había revelado a la prensa que la OCSS era investigada por sospechas de vinculación con grupos guerrilleros.
La masacre de los 17 campesinos en Guerrero será analizada dentro de dos semanas por una delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que visitará México. (FIN/IPS/dc/ff/ip hd/96)
