La inestable situación política de Paraguay pone a prueba la llamada cláusula democrática, aprobada por los cuatro países miembros del Mercado Común del Sur (Mercosur).
Esa cláusula, firmada por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, sanciona con la salida del Mercosur a cualquiera de los estados miembros en caso de ruptura del orden democrático, y fue incluida en los acuerdos que el bloque alcanzó a fines de junio con Bolivia y Chile.
La crisis paraguaya se convirtió entonces en un problema regional, y el caso pone a los demás socios del Mercosur ante una situación delicada.
Formalmente, todos están comprometidos a respaldar el gobierno constitucional de Juan Carlos Wasmosy. Pero la posición del presidente paraguayo está lejos de ser cómoda e inspirar tranquilidad a sus vecinos.
Wasmosy logró sobrevivir en abril a un confuso intento de golpe militar, aunque su autoridad moral resultó dañada por las persistentes denuncias de corrupción lanzadas por el general Lino Oviedo, su ex aliado político.
El militar, retirado ahora del servicio activo, mantiene fuerte apoyo castrense y se presenta como uno de los principales críticos de la participación de Paraguay en el Mercosur, y en ese punto coincide con Luis María Argaña, líder del gobernante Partido Colorado.
Oviedo y Argaña han logrado firme implantación política entre los campesinos pobres, los funcionarios públicos de bajo rango y el sector informal de la economía paraguaya que, según estimaciones, maneja recursos casi iguales al presupuesto nacional.
Los informales, que en muchos casos viven del contrabando, temen perder sus ingresos a causa del Mercosur.
Las cancillerias de Argentina, Brasil y Uruguay saben que tienen por delante un difícil problema. El futuro del Mercosur está ligado a la confusa política interna paraguaya.
Todo intento de impulsar una solución marcada por intereses externos podría chocar contra el nacionalismo guaraní, y podría tornarse insostenible entonces la posición de Wasmosy.
Por otro lado, el distanciamiento de los hechos de Paraguay podria llevar a sorpresas desagradables, como poner a los socios del Mercosur ante una situación de hecho y una inevitable regionalizacion de la crisis.
Uruguay ya sufrió las consecuencias de la crisis paraguaya, cuando la justicia ordenó en Montevideo la prisión de dos periodistas por ataque al honor de un jefe de Estado extranjero.
Los acusados, Federico y Carlos Fasano, del diario La República, habían publicado impactantes denuncias de corrupción contra Wasmosy, y el gobierno paraguayo respondió pidiendo la actuación del Poder Judicial. Los hermanos Fasano recobraron la libertad, aunque la causa penal aún no está cerrada.
Denuncias similares fueron publicadas en Argentina por el periodista Rogelio Garcia Lupo, quien senaló que la ruptura entre Wasmosy y Oviedo socava las bases del acuerdo entre civiles y militares que garantizó la transición pacífica a la democracia tras el derrocamiento de la dictadura de Alfredo Stroessner (1954- 1989).
Wasmosy está en minoría en le congreso paraguayo. No tiene el control del Partido Colorado ni cuenta con la fidelidad integral de la mayoría de los militares.
Así mismo, la economía paraguaya vive momentos duros, con perspectivas negativas a mediano plazo. El descontento de la población es alto y sobran políticos populistas dispuestos a usar la retórica nacionalista para ganar adeptos.
Paraguay, el socio más pobre del Mercosur, puede provocar una crisis regional y echar un balde de agua fría en América Latina, donde muchos ven la integración como una autopista de pavimento firme y sin curvas peligrosas. (FIN/IPS/cc/ff/ip/96
