Un segundo envío a Guatemala de más de 600 documentos desclasificados por el gobierno de Estados Unidos, que revelarían el papel de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) en las violaciones de los derechos humanos en este país centroamericano, ha aumentado la polémica en torno al tema.
Los documentos fueron traídos personalmente a Guatemala el martes por el embajador en Estados Unidos, Pedro Lamport, y entregados a la Corte Suprema de Justicia, quienes lo enviarán al fiscal Julio Arango, a cargo de los documentos desclasificados.
Lamport indicó que allí se encuentran documentos sobre más de 13 casos, entre ellos el de la muerte del guerrillero Efraín Bámaca, el asesinato del hotelero estadounidense Michael Devine y el secuestro y ultraje de la monja Diana Ortiz.
El primer envío de documentos desclasificados, en mayo, consistió en ocho cajas con 6.650 documentos, cuyo contenido, junto al de los nuevos, será conocido en noviembre, afirmó el fiscal Arango.
Con la segunda remesa se incluye un reporte de la Oficina de Supervisión de las Actividades de Inteligencia, donde, según el Ministro de Relaciones Exteriores de Guatemala, Eduardo Stein, se confirma la contratación por parte de la CIA de varios informantes en las fuerzas de seguridad del país centroamericano.
El canciller guatemalteco agregó que la lectura del resumen ejecutivo resulta decepcionante, pues esta documentación "más que informar, salpica, tiene aseveraciones sin sustancia, no menciona temas ni asuntos específicos y no aporta nada constructivo".
El único caso conocido desde hace un año de militares contratados como informantes por la CIA, es el del coronel Julio Alpírez, señalado como responsable de las muertes de Devine en 1991 y Bámaca en 1992. Stein confirmó que Alpírez estaba contratado, en planilla, como informante de la CIA.
Sin embargo, Alpírez dijo al diario Prensa Libre que las investigaciones realizadas por el ejército ya confirmaron que nunca fue informante de la CIA y tampoco tiene nada que ver con los asesinatos de los que se le acusa.
El vocero del Ejército, coronel Otto Noack, indicó que en caso de que se mencionen los nombres de los militares a que hace referencia el informe estadounidense, el ejército tendrá que abrir una investigación interna.
Los militares retirados y actuales diputados Byron Barrientos, del Frente Republicano Guatemalteco, y Guillermo de la Cruz, del gobernante Partido de Avanzada Nacional, afirmaron que el Código Militar contempla fusilar a quienes vendan información de Estado a otros países, bajo el cargo de traición a la patria.
El presidente Alvaro Arzú se negó a emitir juicios sobre los documentos desclasificados que llegaron a Guatemala y aseguró que la justicia determinará la forma en que se manejará el caso de Alpírez y los de otros implicados.
Carlos Aldana, director de la Oficina de Información del Arzobispado de la Iglesia Católica, señaló que tanto Guatemala como Estados Unidos deben asumir su responsabilidad.
Para el gobierno guatemalteco esa responsabilidad significa llevar a los tribunales de justicia a los implicados en violaciones a los derechos humanos, en especial a aquellos que están sindicados en los documentos desclasificados, añadió.
En el caso de Estados Unidos, Aldana indicó que debe poner en claro todos los casos pendientes, lo que significa una responsabilidad jurídica y política.
En tanto, un grupo de ciudadanos estadounidenses afectados por la represión en Guatemala anunciaron el lunes en Washington que aunque consideran un paso muy importante el informe publicado por el gobierno estadounidense, sigue siendo una "verdad a medias". (FIN/IPS/cz/ag/ip-hd/96
