Una reunión de ministros del Interior del Grupo de los Siete (G-7), convocada para enfrentar la amenaza del terrorismo internacional, acordó hoy en esta capital un conjunto de 25 medidas que deberían aplicar los países industrializados.
Tras disuadir a Washington de su intención de sancionar a los llamados "estados patrocinadores del terrorismo", las grandes potencias del mundo se pusieron de acuerdo este martes en que la tarea de controlar a una nueva generación de "terroristas" debería ser dejada en manos de la ley.
Estados Unidos pidió a sus aliados en el G-7 que dieran la máxima prioridad a la cooperación contra el terrorismo, después de sufrir un ataque contra sus instalaciones militares en Arabia Saudita, el mes pasado.
No obstante, el presidente Bill Clinton perturbó el ánimo de los miembros del G-7 el domingo pasado, cuando dijo que "los estados que patrocinan o permiten el terrorismo, incluso Iraq, Irán, Libia, Sudán y cualquier otro, deberán sufrir duras sanciones".
Al afirmar que el terrorismo patrocinado por los estados y el terrorismo de extrema izquierda son en gran parte algo del pasado, el ministro francés del Interior, Jean-Louis Debré, dijo este martes que el nuevo terrorismo se debe, en cambio, a lo que llamó "extremismo regionalista" y "radicalismo religioso".
Debré dijo que la mayor parte de los nuevos grupos terroristas que actúan en la actualidad, no son patrocinados por estados. "El análisis estadounidense es un poco simplista y un poco anticuado. El fenómeno terrorista es más complejo hoy en día".
El ministro francés citó la bomba que mató a dos personas e hirió a otras 110 en Atlanta este fin de semana, como un ejemplo del llamado "terrorismo hecho en casa", sin ayuda exterior. En vista de una posible división del G-7, Estados Unidos retiró su propuesta.
Para afrentar la amenaza terrorista, la reunión ministerial del G-7 recomendó en cambio un paquete de 25 medidas prácticas que deberán adoptar sus respectivas autoridades nacionales.
Entre ellas se incluye: compartir las tareas de inteligencia, bloquear las fuentes de financiación y de abastecimiento de armas, simplificar los procedimientos de extradición, reforzar la cooperación policial y, sobre todo, hacer aún más severas las leyes en materia de identificación y arresto de sospechosos.
Este énfasis en reforzar las facultades policiales y judiciales para detener, acusar y deportar a los sospechosos de terrorismo como la mejor forma de enfrentar la amenaza de la violencia, ha puesto nerviosos a los defensores de los derechos humanos, a los abogados e incluso a miembros de la judicatura.
"Cuando se empieza a oír hablar de la lucha contra el terrorismo, es preciso ponerse en guardia", dijo Catherine Vannier, vicepresidenta de la Unión Francesa de Magistrados.
Lo mismo que otros colegas europeos, la magistrada francesa teme que sean afectados los derechos humanos por la acción estatal contra los sospechosos de terrorismo, y sostienen que las leyes existentes son más que suficientes para atacar el problema.
Entre los países del G-7, reunidos este martes en París con la presencia agregada de Rusia -Canadá, Italia, Alemania, Gran Bretaña, Francia, Japón y Estados Unidos-, los últimos cuatro han sido duramente golpeados en tiempos recientes por grupos que pueden caber, en general, en la definición formulada por Debré.
Gran Bretaña enfrenta la campaña dirigida por los irlandeses nacionalistas del IRA, Francia ha sido víctima de explosiones atribuidas a radicales islámicos argelinos, Japón sufrió los atentados de sectas religiosas con gas sarín, y Estados Unidos fue golpeado por "milicias" contrarias al gobierno federal.
De hecho el G-7 se decidió por acciones que se limitan a desarrollar lo que ya es una política normal en relación con la amenaza terrorista en Europa: el endurecimiento de las legislaciones nacionales para que las autoridades puedan sujetar a los terroristas.
Según Vannier, "en nombre de la lucha contra el terrorismo, Francia ha dictado medidas extraordinarias que provocan alarma, porque ellas pueden llegar muy lejos y cercenar las libertades civiles".
Puso como ejemplo la reciente extensión a 96 horas, en Francia, del tiempo que un sospechoso puede permanecer detenido para interrogatorios.
En Gran Bretaña, la Ley de Prevención del Terrorismo, supuestamente temporaria, permite la detención indeterminada sin procesamiento. En Japón, el gobierno considera la posible suspensión de la norma constitucional que prohíbe las escuhas telefónicas.
"Estamos de acuerdo en que el terrorismo es algo serio", reconoció Vannier. "Pero disponemos de procedimientos penales comunes que permiten luchar con eficacia. Italia pudo terminar con las Brigadas Rojas sin recurrir a medidas excepcionales". (FIN/IPS/tra-en/ao/ds/ss/mom/rj/arl/ip/96
