Grupos defensores de los derechos humanos reaccionaron hoy con alarma ante el proyecto del G-7 y Rusia de modificar las convenciones de la Organización de Naciones Unidas (ONU) sobre extradición y asilo político, comprendido en una formal declaración de guerra al terrorismo.
Los cancillleres y ministros del Interior del Grupo de los Siete países más ricos del mundo (G-7) y Rusia se reunieron este martes en París para acordar medidas contra el terrorismo internacional.
Las organizaciones de derechos humanos temen que las nuevas iniciativas perjudiquen a minorías y a los legítimos solicitantes de asilo político y afecten el derecho de los detenidos a proceso judicial antes de decidirse su deportación o extradición.
Los cancilleres de Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña, Japón e Italia, los países integrantes del G-7, junto con su homólogo ruso, convinieron continuar sus conversaciones para completar el proyecto de promover nuevas convenciones internacionales sobre asilo político y extradición.
Los nuevos instrumentos, a presentarse a la ONU, estará orientado a "privar del derecho de asilo a los terroristas" y a quien "respalde sus actividades o reúna fondos" para financiarlas.
También tendrá el propósito de impedir que los motivos políticos del acusado sean considerados causal excluyente de extradición en causas por terrorismo".
Nick Hardwick, jefe ejecutivo del Consejo de Refugiados, de Londres, señaló que su grupo comparte la afirmación del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) de que los responsables de terrorismo ya están excluidos de la protección de la Convención de la ONU sobre Refugiados.
"La convención no protege a los terroristas ni a quienes apoyan el terrorismo, y no es necesario modificarla", dijo Hardwick.
El asunto fue objeto de debate en Gran Bretaña cuando Arabia Saudita objetó la presencia y actividades en Londres de Mohamed al Masari, un activista saudí por la democracia.
Mientras, las fuerzas de seguridad de Rusia hostigan a los chechenos y a otras minorías étnicas del Cáucaso, y grupos humanitarios temen que el proyecto del G-7 otorgue mayor vigor a esa persecución.
Leche Shantayev, portavoz del gobierno checheno respaldado por ruso, declaró a IPS en Moscú que ha recibido infinidad de denuncias de acoso policial a la comunidad chechena residente en esa capital, compuesta de 12.000 personas.
El hostigamiento es cotidiano desde que el presidente Boris Yeltsin decretó medidas antiterroristas para enfrentar una ola de atentados con bombas.
"Ninguna causa, por legítima que sea, justifica medidas ilegales. Si las autoridades creen que la lucha contra el crimen consiste en expulsar vagabundos y acorralar a los chechenos, el decreto no alcanzará su objetivo, como tampoco se logró con disposiciones previas", dijo Yuri Feofanov, un experto en derechos humanos.
Otros grupos advirtieron la creciente presencia de los servicios de inteligencia en la investigación y persecución de sospechosos de terrorismo.
Stella Rimington, ex jefa del espionaje británico, lanzó hace tres años una campaña política para concentrar operaciones de inteligencia en el combate contra el terrorismo.
El MI5, un servicio secreto interno de Gran Bretaña, fue reclutado para intervenir en el conflicto de Irlanda del Norte, una decisión criticada por grupos defensores de las libertades civiles.
A diferencia de la policía, la tarea de los servicios de inteligencia de Gran Bretaña no está sujeta a supervisión independiente, destacó Jonathan Cooper, director del grupo británico Liberty.
"Están fuera del control de las instituciones democráticas. Hay un tribunal de los servicios de inteligencia, pero se reúne en secreto y hasta ahora no ha acogido ninguna reclamación".
Mientras, desconocidos agentes de inteligencia proporcionan información secreta a la policía francesa, a través de documentos sin firma ni membrete, que son aceptados como evidencia, aseguró Catherine Vannier, vicepresidenta de la Unión de Magistrados de Francia.
Muchos de esos documentos "surgieron en conexión con las redadas de kurdos en Francia y recuerdan métodos utilizados en el momento álgido de la guerra fría", observó Vannier.
La magistrada también manifestó preocupación respecto de los planes para acelerar los trámites de extradición de sospechosos a la policía de países vecinos.
Vannier señaló el caso de los refugiados vasco-españoles en Francia como un "manifiesto" ejemplo de abuso.
Francia y España coordinaron la semana última la detención de Achiurra Egurola y Daniel Derguy, dos vascos sospechosos de encabezar la organización terrorista ETA.
Vannier citó un caso anterior, de José Domingo Aizpurúa, otro vasco, que fue deportado a España en junio de 1994.
La orden fue declarada luego ilegal por un tribunal francés, que se pronunció en julio de 1995, pero Aizpurúa ya había sido deportado y torturado por la policía española, aseguró la magistrada.
"Los vascos deportados de Francia fueron en realidad extraditados sin previo procedimiento legal", afirmó Vannier. La deportación supone la posibilidad de elección de país de destino, y eso no ocurrió en los casos mencionados.
"Nuestra legislación no es respetada, y eso afecta el imperio de la ley y el estado de derecho", concluyó. (FIN/IPS/tra- en/dds/ao/mom/rj/ff/hd/96
