Un cocinero portugués resultó gravemente herido hoy, al explotar una bomba adherida a los bajos de su automóvil en la ciudad vasca de San Sebastián, extremo norte de España, y el atentado fue atribuido en primera instancia a la organización separatista ETA.
El herido, Alfredo Machado Piris, de 38 años, jefe de cocina del Hospital Comarcal de Irún, trabajó hasta enero de este año en las dependencias del cuartel de la Policia Nacional de Aldapeta.
Fuentes policiales informaron que el número de la matrícula de su automóvil figuraba en una lista hallada en poder de Valentín Lasarte, un miembro de ETA detenido en abril.
El ministro del Interior, Jaime Mayor Oreja, confirmó este martes el dato y añadió que el herido había sido advertido de tal circunstancia.
Como consecuencia de la explosión, Machado Piris sufrió la amputación del pie izquierdo y heridas graves en el derecho. Médicos del hospital Nuestra Señora de Aránzazu, donde se encuentra ingresado aseguraron que a pesar de la entidad de las heridas, su vida no corre peligro.
El presidente del gobierno, el centro-derechista José María Aznar, dijo que en los próximos días anunciará importantes novedades en el marco legal de la lucha contra el terrorismo.
Mientras, el vicepresidente primero del gobierno, Francisco Alvarez-Cascos, aseguró que con su actitud, "ETA no deja ningún portillo a la esperanza".
Desde el inicio de la temporada veraniega, que se concentra en julio y agosto, Eta desarrolla una campaña intimidatoria en los principales centros turísticos de España, con la colocación indiscrimida de artefactos explosivos de baja potencia en estaciones de autobuses, hoteles y centros de diversión.
La seguidilla de atentados comenzó el 9 de este mes, al explotar dos bombas en la terminal de autobuses y en un parque acuático de la localidad de Almuñécar, en la sureña provincia de Granada.
Entre el 10 y el 18 se produjeron otras ocho explosiones en zonas estratégicas de turismo y dos ataques contra cuarteles de la Guardia Civil (policia militarizada) con lanzagranadas en el País Vasco. Esos hechos crearon alarma en las ciudades del sur y norte, aunque no produjeron víctimas ni desanimaron el turismo.
Pero ETA colocó el sábado un artefacto de mucho mayor poder destructivo en el aeropuerto de Reus, en la catalana provincia de Tarragona. La bomba estalló a las 19.40 hora local, cuando gran cantidad de personas se hallaban en el aeropuerto, y causó 20 heridos, cuatro de ellos graves.
Otros dos artefactos estallaron, horas más tarde, en las localidades costeras de Cambrils y Salou, también en Cataluña, aumentando el malestar de la población. Estos atentados sólo causaron destrozos en inmuebles.
En la madrugada del lunes, ocho granadas fueron lanzadas contra el cuartel de la Guardia Civil de Ordizia, en la provuincia vasca de Guipúzcoa. En ese cuartel viven 22 adultos y 20 niños, pero no hubo lesionados.
Mientras se esperan las noticias anunciadas por Aznar, el Ministerio del Interior prepara un proyecto de ley orgánica que le permitirá poner en marcha un viejo proyecto, surgido de la administración anterior.
Según el ministro Mayor Oreja, el gobierno pretende instalar cámaras de vídeo en calles del País Vasco para controlar los disturbios que causan jóvenes simpatizantes de ETA. Las cámaras permitirían disponer de material gráfico para esclarecer los hechos y servirían de elemento disuasorio.
El texto del proyecto de ley que regula la obtención de imágenes y sonidos en lugares públicos y su tratamiento será presentado este miércoles en Madrid por Mayor Oreja y el Consejero vasco de Interior, Juan María Atutxa.
La iniciativa contempla la creación de una comisión judicial de carácter consultivo, que estaría presidida por un magistrado del Tribunal Supremo y tendría el cometido de controlar la compatibilidad con la ley vigente de las grabaciones de sonido e imagen a realizarse en las calles. (FIN/IPS/af/ff/ip/96)
