El termómetro ambiental y político marca altas temperaturas en España mientras el país coloca el cartel de "cerrado por vacaciones" y más de diez millones de vehículos circulan hacia las zonas veraniegas.
Un general y tres de sus subordinados procesados por crímenes cometidos durante la "guerra sucia" contra la organización separatista entre 1983 y 1987 vieron este miércoles denegados sus pedidos de libertad bajo fianza.
Mientras tanto, varias organizaciones humanitarias agotan las esperanzas de evitar otra expulsión de inmigrantes africanos y en un nuevo atentado ETA hirió a dos personas en la ciudad de Calatayud, al noreste del país.
Tras una prolongada y agitada sesión los fiscales de la Audiencia Nacional rechazaron la orden del Fiscal General del Estado, Carlos Granados, de autorizar la libertad bajo fianza del general Enrique Rodríguez Galindo, ex director general de la Guardia Civil, y tres oficiales.
Los cuatro reos están acusados de detención ilegal, torturas y asesinato. Los fiscales advirtieron que si se cumpliese la orden de Granados se cometería un delito de agravio comparativo y para subsanarlo deberían liberar a otros presos por delitos menos graves.
Antes del receso de verano, quye se iniciará este viernes, las autoridades de gobierno podrían entregar documentos secretos reclamados hace tiempo por la justicia relacionados con la guerra sucia contra ETA y que involucran al gobierno del socialista Felipe González (1982-1996).
Por otro lado, el gobierno mantiene su decisión de expulsar a 16 inmigrantes africanos cuya residencia en España considera ilegal.
En un precedente intento (fallido) de deportación, el domingo pasado, esos inmigrantes, incluidos dos niñas liberianas de 13 años de edad, fueron atados y amordazados por la policía para ser introducidos en un avión con destino a Guinea Bissau, según reveló este miércoles el diario El Mundo.
Fuentes policiales dijeron posteriormente que la decisión se adoptó después que los expulsados se autoprovocasen vómitos y otros incidentes que impidieron la salida de la nave y para garantizar la seguridad del resto de los pasajeros.
El operativo abortó cuando el comandante del avión, de la empresa Iberia, ordenó el desembarco de los 16 inmigrantes indocumentados.
La dureza de la acción policial tomó estado público cuando aún no se acallaron las protestas por la anterior expulsión de otros 103 africanos, que fueron sedados bajo engaño y deportados hacia varios estados africanos a mediados de jmes.
Esa medida, considerada anticonstitucional por el defensor del pueblo, encargado de velar por el respeto a los derechos humanos, también fue cuestionada por todas las organizaciones humanitarias y los medios de comunicación.
Medio centenar de esas personas están detenidas en Guinea Bissau. (FIN/IPS/af/dg/ip/96
