La sangrienta guerra civil española, de cuyo estallido se cumplirán 60 años este jueves, es aún materia de reflexión política en el país, aunque el rechazo a la posibilidad de una nueva contienda es unánime.
Aunque se acepta el 18 de julio de 1936 como el día oficial del comienzo de la guerra, que se prolongó hasta 1939, en realidad los hechos empezaron en la tarde del día anterior, cuando una guarnición se rebeló en la plaza fuerte de Melilla, ciudad española enclavada en la costa norte de Africa.
El 18 es tomado como el inicio formal, porque ese día se sumó al alzamiento el general Francisco Franco, quien más tarde asumiría el mando del ejército rebelde y al término de la guerra se proclamaría jefe del Estado y "Caudillo de España por la gracia de Dios", como reza el dorso de algunas monedas todavía en circulación legal.
Pero la discusión no se concentra en ese dato y la trágica contienda continúa siendo tema de investigación de estudiosos e historiadores, fuente de inspiración para cineastas y novelistas y antecedente de reflexión para los políticos de todas las tendencias.
En el subconciente colectivo se combinan el rechazo, la necesidad de olvidar y también la de recordar. Ese recuerdo por lo general se transmite de abuelos a nietos, al margen de las historias, oficiales, oficiosas y de las otras.
Y no faltan elementos materiales para refrescar la memoria, como el periódico descubrimiento de granadas todavía sin estallar, o de cuevas con sus paredes ennegrecidas por el humo de las hogueras y en las que durante años sobrevivientes republicanos vivieron ocultos.
No obstante, dos importante conclusiones son compartidas por todos los sectores: la primera es que fue un enfrentamiento brutal, tanto por la cantidad de víctimas como por las características sanguinarias y crueles que ambos bandos le imprimieron a sus acciones en el frente y en la retaguardia.
La segunda, es que nadie quiere volver repetir aquella terrible experiencia y que, salvo una excepción, la inmensa mayoría del pueblo español, de sus políticos y líderes de opinión, abjuran de la violencia como método.
La excepción reside en el País Vasco, donde la organización separatista Euskadi ta Askatasuna (ETA, Patria Vasca y Libertad), se niega a abandonar las armas y continúa con sus atentados, dentro y fuera de esa región, para conseguir sus objetivos políticos, centrados en reclamación de independencia nacional.
Además de las víctimas que provocó, aquella guerra fraticida tuvo efectos que se mantuvieron durante décadas: campos de concentración, centenares de miles de ciudadados desterrados dentro y fuera de España, aislamiento internacional y retraso económico.
España quedó fuera de la reconstrucción europea posterior a la segunda guerra mundial (1939-45) debido al aislamiento que le impuso Occidente y sólo pudo incorporarse a ella en la década de los 60.
La primera gran comprobación del rechazo de la posibilidad de un nuevo conflicto se tuvo inmediatamente después de la muerte de Franco, en noviembre de 1975.
A partir de ese momento, y bajo el reinado de Juan Carlos de Borbón, se produjo la democratización y modernización de la estructura política de España, con el entonces jefe de gobierno Adolfo Suárez (1976-1981) como uno de sus actores principales, un proceso conocido como "la transición a la democracia".
Todos los partidos políticos, incluyendo el hasta entonces proscripto Partido Comunista, suscribieron o apoyaron los llamados Pactos de la Moncloa, propuestos por Suárez y que garantizaron la transición de un régimen totalitario a una monarquía parlamentaria, en la que rigen las libertades y la clásica separación de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial.
Otra prueba fue un fracasado golpe de Estado, el 23 de febrero de 1981. En esa oportunidad, todos los partidos políticos y líderes de opinión – – tras vencerse en algunos de ellos horas de doble juego – – se unieron y evitaron el derramamiento de sangre.
Desde entonces y hasta el presente, los partidos políticos y las fuerzas sociales se esfuerzan en la búsqueda de consenso a la hora de enfrentar los grandes problemas. Así, se constituyeron acuerdos multipartidarios, con la sola excepción de sectores minoritarios favorables a Eta, para afrontar el conflicto vasco.
También los empresarios y sindicatos negocian con el gobierno un pacto social. Pero es en este campo donde ya comienzan a surgir otra vez, como ocurrió en 1989 bajo el gobierno del socialista Felipe González, los síntomas de enfrentamiento por el ajuste presupuestarios impulsados por la administración del centroderechista José María Aznar.
No obstante, esos enfrentamientos y los derivados de otras cuestiones, como el caso vasco o las demandas de mayor autonomía de los nacionalistas catalanes, no amenazan ni siquiera hipotéticamente con dar lugar a otra guerra civil.
La de 1936-39, según consenso unánime, no resolvió ningún problema, y si hubiera que buscar algún elemento "positivo" en ella, es que resultó una "vacuna" contra cualquier posterior germen de guerra civil. (FIN/IPS/td/ff/ip/96)
