Unos 5.000 delegados de las dos principales centrales sindicales de España realizaron hoy la primera protesta contra el plan de privatización de empresas públicas preparado por el gobierno del centroderechista José María Aznar.
El gobierno pretende recaudar entre este año y el próximo 4.800 millones de dólares con la venta de empresas y bienes del Estado, para reducir el déficit y hacer frente al presupuesto de 1997.
Las empresas públicas de España emplean a más de 200.000 trabajadores, la mitad de los cuales están afiliados a los sindicatos. La petrolera Repsol, la compañía Telefónica y Tabacalera están en la primera línea de privatizaciones, que también incluye a Argentaria, la corporación que agrupa a los bancos del Estado.
Los sindicalistas aprobaron un programa de movilizaciones en las empresas y regiones en que la privatización puede tener impacto sobre el empleo. El plan de acción busca el respaldo de la ciudadanía "en defensa de lo público".
La decisión conjunta, ratificada en el acto de protesta realizado este miércoles en Madrid por Comisiones Obreras (CC.OO.), de tendencia comunista, y la Unión General de Trabajadores (UGT), de orientación socialista, anuncia un "otoño caliente" en el área social a partir de septiembre.
Sin embargo, los sindicalistas se comprometieron a mantener su participación en la mesa de diálogo social junto al gobierno y los empresarios, para negociar otros asuntos de relación laboral.
Dentro de ese marco, el martes se arribó a un primer acuerdo para la resolución extrajudicial de conflictos laborales. También se discute el empleo rural, la formación profesional, la protección social y el salario de los agentes públicos.
Precisamente, con el fin de no trabar las negociaciones, el gobierno dividió en siete mesas el ámbito de discusión social, de las cuales sólo una abordaría la conflictiva cuestión del sector público.
Los dirigentes de CC.OO. y UGT son presionados por trabajadores que pretenden endurecer la resistencia contra los planes de Aznar.
El martes, un día antes del plenario conjunto de CC.OO. y UGT, unos 1.500 trabajadores de empresas públicas de la noroccidental comunidad autonóma de Galicia se concentraron en la ciudad de Santiago de Compostela para manifestar su rechazo al programa de privatizaciones.
También ese día, más de un centenar de delegados sindicales de la comunidad del archipiélago de Baleares, en el mar Mediterráneo, se concentraron en Palma de Mallorca, frente a la delegación del gobierno de las islas, para protestar por la anunciada venta de empresas públicas.
El secretario general de CC.OO., Antonio Gutiérrez, ha rechazado una propuesta interna de acción general en todo el sector público con paros y grandes manifestaciones al estilo del "diciembre francés" de 1995.
Mientras, su par de UGT, Cándido Méndez, es urgido por dirigentes del Partido Socialista Obrero Español para crear un frente común de oposición al gobierno del Partido Popular.
Pero Gutiérrez y Méndez han optado por una estrategia de presión progresiva y constante en lugar del enfrentamiento abierto, pues creen que todavía es posible arribar a acuerdos con el gobierno. (FIN/IPS/jc/ff/ip lb/96
