La mitad de las 120 organizaciones no gubernamentales (ONG) existentes en España podrían desaparecer debido a nuevas condiciones fijadas por el gobierno para la distribución de subvenciones, advirtió la comisión Coordinadora de esos grupos.
Una orden ministerial publicada este jueves en el Boletín Oficial del Estado endureció las condiciones reguladoras de la ayuda gubernamental a las ONG del área de cooperación al desarrollo.
Según la Coordinadora española de ONG, la nueva reglamentación determinará que "sólo reciban subvenciones las organizaciones más solventes".
España, que en 1995 destinó unos 75 millones de dólares en subvenciones a las ONG, este año podría reducir esos fondos entre cinco y 10 por ciento, señalaron varios grupos afectados.
Las ONG que soliciten ayuda deberán tener una antigüedad mínima de cinco años, frente a sólo dos antes de la publicación del nuevo reglamento.
Además, se fija un techo de 150.000 dólares para la primera subvención y se obliga a las ONG a presentar una auditoría externa sobre la gestión de los fondos. Estos deberán estar depositados en una cuenta especial y los intereses deberán ser aplicados al proyecto que dió origen a la ayuda.
Los proyectos que presenten las ONG podrán recibir respaldo y subsidio de fuentes públicas hasta un máximo de 80 por ciento de su coste total.
También se exigirá una declaración en la que se especifique el compromiso de aportar la diferencia entre el coste del proyecto y la subvención solicitada.
Para cubrir esa diferencia no se podrán contabiliza otra ayuda pública procedente de comunidades autonómas, provincias o ayuntamientos españoles, ni de la Unión Europea u otros organismos internacionales.
Las organizaciones favorecidas con subsidios que superen los 200.000 dólares deberán presentar un informe semestral sobre la ejecución de los proyectos.
Las subvenciones serán decididas por una comisión creada a tal efecto, al frente de la cual estará el secretario de Estado para la Cooperación Internacional (SECIPI), cargo que ahora ocupa el diplomático Fernando Villalonga.
La comisión valorará los proyectos de acuerdo con las prioridades grográficas y sectoriales señaladas en las convocatorias anuales, en las que se tendrá en consideración el Informe de Desarrollo Humano del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo.
La Coordinadora española de ONG observó que, con las nuevas condiciones dispuestas, sólo recibirán subvenciones "las organizaciones más solventes".
Según Luis Arancibia, presidente de la Coordinadora, podrían desaparecer la mitad de las 120 ONG españolas.
No obstante, la Coordinadora consideró "un primer paso positivo" la creación de una Comisión para poner fin "al descontrol que supone que las actuaciones se encuentren divididas en 14 ministerios que, a su vez, se disgregan en 66 departamentos o direcciones".
Arancibia recordó que el programa electoral del gobernante Partido Popular (PP) apuntaba a trasladar los Fondos de Ayuda para el Desarrollo del Ministerio de Comercio al de Asuntos Exteriores y a crear una secretaría de Estado conjunta de Cooperación y Comercio para mejorar la coordinación.
Pero ese plan todavía no ha sido llevado a la práctica, agregó.
Las 10 organizaciones humanitarias más importantes de España agrupan a casi un millón de socios, que aportan una contribución mensual o anual.
La organización más grande por el volumen de dinero que maneja y por la cantidad de socios es la Cruz Roja. Tiene unos 600.000 miembros y recauda casi 350 millones de dólares.
Intermón es otra de las grandes organizaciones. Hay 110 mil personas que apoyan su actividad con donaciones, y Ayuda en Acción, otra ONG, cuenta con unos 55.000 socios.
El presidente de Médicos del Mundo, el holandés Sake Rypkema, señaló el año pasado en un foro realizado en Granada, España, que la abundancia de organizaciones humanitarias en este país obliga a "clarificar si todas son o no efectivas" y a coordinar su actuación.
Entre las propias ONG existe la certeza de que es necesario optimizar el uso de los recursos, ya que la falta de fondos provocará la desaparición de varios grupos.
En el futuro, la ayuda a distribuirse entre las ONG será decidida no sólo por la presencia de éstas en escenarios de catástrofes, sino por la calidad y la durabilidad de su trabajo, así como por su capacidad para responder por sus acciones, de acuerdo con la norma publicada en el Boletín Oficial del Estado.
Respecto a la ayuda global al desarrollo, España destinó el año último 0,25 por ciento de su producto interno bruto (PIB), unos 1.200 millones de dólares, frente a 0,27 por ciento de 1994.
Esa cantidad está muy lejos del compromiso asumido por consenso entre todos los grupos parlamentarios, de llegar en 1995 a un mínimo de 0,35 por ciento del PIB, con posibilidad de alcanzar hasta 0,5 por ciento, siempre que hubiera proyectos viables.
La Plataforma del 0,7 por ciento ha despertado la conciencia social con el fin de obligar a la Administración a que cumpla con ese porcentaje de ayuda al desarrollo.
El objetivo consiste en llegar en 1997 a la meta de 0,7 por ciento del PIB, señalada por la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas a las naciones donantes.
España está muy cerca del desembolso medio de las naciones que integran el Comité de Ayuda al Desarrollo de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), que es de 0,30 por ciento.
Sin embargo, es el último en dirigir esa ayuda a los países más pobres: sólo 10 por ciento, cuando la media de la OCDE es de 24 por ciento.
Además, es el país que más vincula su ayuda a la adquisición de bienes y servicios que produce. Lo hace en proporción de 86 por ciento, frente al promedio de 31 por ciento en la OCDE. (FIN/IPS/jc/td/ff/dv/96)
