La ausencia de una legislación efectiva y actualizada limita el combate contra el deterioro ambiental en El Salvador, una de las naciones más dañadas ecológicamente en el continente americano.
Las leyes ambientales vigentes no se corresponden con las necesidades y son "ridículas" frente a la gravedad del daño que diariamente sufren el ambiente natural y el urbano en El Salvador, advierten los ecologistas.
"Se contemplan multas de aproximadamente 5,7 dólares para quien destruya un árbol y 57 dólares para quien destruya muchos árboles. De modo que (los depredadores) siempre prefieren cortarlos y pagar la multa, porque la ganancia que obtienen de ellos es muchísimo mayor", explicó Héctor Díaz, funcionario del Servicio Forestal.
El diputado Ernesto Velásquez, presidente de la Comisión de Medio Ambiente de la Asamblea Legislativa, señaló que el Código de Salud impone una multa de 11.000 dólares a quien contamine o envenene el agua.
Sin embargo, responsables del derrame de más de 1.000 barriles de petróleo han resuelto su situación mediante la presentación de un recurso de amparo ante la Corte Suprema de Justicia, dijo Velásquez.
Desde diciembre de 1993, el parlamento debate el primer proyecto de ley de Protección del Medio Ambiente, que también fue sometido a discusión entre organismos ambientalistas, empresarios y entidades gubernamentales.
Las consultas realizadas dieron lugar a la modificación de 40 por ciento del texto original, y la iniciativa tiene la oposición frontal de la Cámara Salvadoreña de la Construcción.
Ricardo Navarro, uno de los más reconocidos ecologistas del país, calificó a las grandes empresas constructoras de "terroristas ambientales", por su actividad deforestadora.
Los bosques originales sólo sobreviven en dos por ciento de la superficie de El Salvador. Mientras, 80 por ciento de los suelos presentan alta erosión y 90 por ciento de los ríos están contaminados.
Así mismo, el nivel de monóxido de carbono es de 10 partes por millón (PPM) en las zonas urbanas de menor contaminación atmosférica, y en el resto oscila entre 80 y 100. La Organización Mundial de la Salud sólo admite una proporción de nueve PPM.
San Salvador es la ciudad más contaminada de América Central. Los automóviles aportan 70 por ciento de los gases que envuelven la ciudad, y el resto procede de la industria.
Navarro ha advertido reiteradamente que ya se manifiestan en el país conflictos políticos y sociales debido a problemas ambientales. Por ejemplo, a causa de la escasez de agua.
El Salvador, de 21.000 kilómetros cuadrados de superficie, tiene 5,7 millones de habitantes y su población, que crece 3,1 por ciento al año, será el doble de la actual hacia el 2025. La pobreza engloba a 60 por ciento de los salvadoreños
La necesidad y urgencia de la ley ambiental se comprueba en el deterioro y la escasez de fuentes de agua y en la alta contaminación del aire, que aumenta la incidencia de enfermedades respiratorias, una de las principales causas de la mortalidad infantil, señalan varios sectores de opinión.
Zonas que hace apenas 15 años eran frescas y hasta frías, en la actualidad son calurosas y en la época de lluvias se inundan. Las tierras agrícolas son cada vez menos productivas y los promontorios de basura son ya una constante.
Pero Velásquez advirtió el riesgo del apresuramiento. En su opinión, debe darse tiempo al parlamento para la aprobación de la ley, pues se trata de una materia compleja y si la tarea no fuera "bien hecha", "podríamos parar el desarrollo social y económico del país".
En cualquier caso, expresó confianza en que la ley ambiental sea promulgada antes de fin de este año. (FIN/IPS/jd/ff/en/96
