Grupos empresariales y organizaciones sociales de Ecuador protestaron hoy contra el plan del equipo económico del presidente electo Abdalá Bucaram de eliminar el subsidio a los combustibles para financiar programas sociales.
"Es una contradicción. Se pretende solucionar el problema de inversión social ahorcando la economía de las clases más desprotegidas del país y de sectores que dependemos de los subsidios", señaló Antonio Cantú, de la Federación de Transportistas de Pichincha, provincia donde se encuentra Quito.
Según Alvaro Noboa, presidente designado de la Junta Monetaria y principal accionista del grupo Noboa, considerada como la segunda empresa banananera del mundo, los subsidios al gas de uso doméstico (GLP) y al diesel (derivado del petróleo) "representan una pérdida al Estado de 286 millones de dólares".
"El 80 por ciento del subsidio se destina a las empresas y a la clase media alta, mientras que sólo 20 por ciento beneficia a los pobres", apuntó Noboa este jueves.
Sin embargo, dueños de restaurantes, transportistas, amas de casa e importantes sectores de la producción anunciaron que realizarán paros y protestas en caso de que los subsidios a los combustibles sean eliminados.
De acuerdo a cifras oficiales, la subvención al GLP asciende a 200 millones de dólares, cantidad que "financiaría el programa social del primer año de gobierno", según Noboa.
El equipo económico del presidente Bucaram, quien asumirá el poder el 10 de agosto, manifestó su intención de compensar a las clases más pobres del país por la elevación del costo del gas, cuyo consumo crece 11 por ciento al año, superando la tasa de crecimiento poblacional.
En este país andino, el tanque de gas de 15 kilogramos tiene un costo al público de unos 0,95 dólares, mientras que su valor real sería de 4,33 dólares, según el Centro de Estudios y Datos.
"La comercialización de gas cuesta mucho dinero al Estado", señaló el ex ministro de Energía Fernando Santos, para quien "los subsidios son aprovechados por sectores que pueden pagar más por los combustibles",
Sin embargo, Santos reconoció que "el gobierno debe mantener el auxilio al 70 por ciento de la población que vive en la pobreza". (FIN/IPS/mg/dg/if-ip/96)
