Políticos y organizaciones sociales de Panamá acusaron a Estados Unidos de orquestar una campaña de desprestigio contra el presidente Ernesto Pérez Balladares para que acepte un nuevo tratado sobre bases militares en el área del canal.
El ex presidente Guillermo Endara, del opositor Partido Arnulfista, afirmó que las denuncias aparecidas en diarios de Estados Unidos sobre el uso de dinero del narcotráfico en la campaña electoral de Pérez Balladares, forman parte "de una campaña de ablandamiento" organizada por Washington.
A mediados de junio, los diarios estadounidenses The Miami Herald y The New York Times y la revista británica The Economist indicaron que Pérez Balladares habría financiado su campaña electoral en 1994 con dinero proveniente del narcotráfico y negocios bancarios ilícitos.
Tras un rechazo inicial y amenazas de demandas penales contra esos medios, el mandatario panameño admitió a fines de junio que en sus finanzas electorales se habían infiltrado dos cheques por 51.000 dólares aportados por el narcotraficante colombiano José Castrillón Henao, actualmente en prisión.
Las denuncias de The Miami Herald, The New York Times y el The Economist fueron secundadas por el diario panameño La Prensa.
Este diario también denuncio que el actual procurador de Panamá, José Sossa, recibió un cheque de 5.000 dólares de una compañía local investigada por lavado de dólares procedentes del narcotráfico, para financiar su campaña electoral en 1994.
Sin embargo, el supuesto cheque, publicado en la portada de La Prensa endosado por Sossa, era una falsificación proporcionada por una fuente cuya identidad se negaron a revelar los periodistas que la consultaron.
Endara advirtió que quienes utilizan el escándalo de los "narcocheques" para desprestigiar a Pérez Balladares y su gobierno "están enquistados en niveles muy altos del gobierno de Estados Unidos, que insisten en que su país mantenga tropas acantonadas en las riberas del canal" luego de 1999.
Según los tratados canaleros de 1977, el 31 de diciembre de 1999 debe cesar la presencia militar de Estados Unidos en el canal y traspasar sus bases a la jurisdicción del país sede.
A pesar de ello, el presidente Bill Clinton pidió a Pérez Balladares en septiembre pasado "explorar" la posibilidad de que una parte de las tropas permanzcan en el área canalera para controlar el tráfico de drogas y realizar misiones de salvamento en la región, lo cual fue aceptado inicialmente por Panamá.
Sin embargo, la negativa de Washington a pagar una renta por el uso de las bases y el rechazo de sectores del gobierno local a un nuevo tratado militar con Estados Unidos, pospusieron las conversaciones exploratorias solicitadas por Clinton.
El presidente del no gubernamental Servicio de Paz y Justicia (Serpaj), Vicente Archibold, dijo que "el ablandamiento" de Washington contra Pérez Balladares ya ha comenzado a dar algunos resultados.
El activista aludió de esta forma al reciente ofrecimiento de Pérez Balladares para que Estados Unidos participe en una fuerza continental contra el tráfico de drogas desde la base aérea de Howard, en el área del canal, sin pagar renta alguna por su uso.
No obstante, Washington no se habría conformado con ser parte de esa iniciativa sino que aspiraría a mantener al menos tres de sus actuales seis bases ubicadas en las riberas del canal.
El político opositor Alberto Conte advirtió, por su parte, que Estados Unidos va a continuar con su campaña de desprestigio del gobierno panameño hasta conseguir sus objetivos.
Conte, un antiguo aliado de Washington en la lucha contra el depuesto general Manuel Noriega, dijo que "la nueva arma letal" usada actualmente por Estados Unidos "para debilitar la posición de dignidad nacional" de Panamá se ha convertido "en el nuevo garrote" en sus relaciones con América Latina.
Recientes campañas de desprestigio contra mandatarios de varios países de la región coincidieron "con exigencias de Washington a esas naciones para realizar profundos cambios políticos ante la nueva era de globalización dictada por ellos", afirmó Conte. (FIN/IPS/sh/ag/ip/96
