El "Cuento de los tres Ernestos" narra hoy la actitud de Washington en el combate contra las drogas. Se trata de tres presidentes de América Latina por cuyos países pasa buena parte de la droga que consume Estados Unidos.
El primero es el de Colombia, Ernesto Samper, quien supuestamente aceptó millones de dólares del narcotraficante Cártel de Cali para solventar la campaña electoral que lo llevó a encabezar el gobierno de su país.
El segundo es el presidente de Panamá, Ernesto Pérez Balladares, quien admitió que un zar de la droga suministró 51.000 dólares a su campaña electoral, a la que supuestamente un estafador de bancos convicto a quien se sospecha lavador de dinero también aportó una suma seis veces mayor.
El tercero, Ernesto Zedillo, está libre de vínculos personales y directos con los narcotraficantes, pero a través del país del que es presidente, México, pasa alrededor de 70 por ciento de la cocaína que consume Estados Unidos.
Los políticos de Washington sopesaron la evidencia y decidieron convertir a Samper en un paria internacional, indigno del gobierno que encabeza. Pero los otros dos Ernestos continúan gozando del apoyo total de Estados Unidos.
Las diferencias de actitud en el gobierno de Bill Clinton respecto de estos tres jefes de estado refleja el hecho ampliamente conocido, pero en raras ocasiones admitido públicamente, de que la guerra contra las drogas en Estados Unidos es conducida por políticos y no por policías o jueces.
Pero analistas en Washington alertan que la Casa Blanca quizás haya subestimado las derivaciones políticas, tanto domésticas como internacionales, que provoca su enfrentamiento con Samper mientras continúa respaldando sin descanso a Pérez Balladares y Zedillo.
"Esto no es una política racional. Está mal concebida", dijo Marc Chernick, de la Escuela de Estudios Internacionales Avanzados de la Universidad Johns Hopkins, sobre la cancelación del visado de ingreso de Samper a Estados Unidos.
La medida, adoptada después de que el Congreso de Colombia dictaminó que Samper no conocía los aportes del Cártel de Cali a su campaña, impedirá al mandatario asistir al aniversario del Movimiento de Países No Alineados, que él preside, en la sede de Naciones Unidas en Nueva York.
Chernick acusó a la Casa Blanca de reducir sus relaciones con Colombia a un solo asunto (el narcotráfico) mientras ignoraba los avances económicos y políticos del país latinoamericano.
Los colombianos, dijo el analista, "están profundamente ofendidos con Estados Unidos, que decide al margen de las instituciones" del país latinoamericano "qué es la justicia y quién es culpable".
Pero incluso en lo que se refiere al narcotráfico, el punto de vista del gobierno de Estados Unidos es extremadamente miope, según Chernick.
Cuando revocó la visa de Samper y no certificó la cooperación de Bogotá en el combate contra las drogas en marzo (por lo que Colombia se ve amenazada de sanciones económicas), Washington ignoró que policías y militares de ese país lograron los mayores éxitos contra el narcotráfico en América Latina el año pasado.
Mientras Samper sufre las consecuencias de esta política, Pérez Balladares goza de sus beneficios, según William LeoGrande, profesor de asuntos gubernamentales de la Universidad Americana en Washington.
Funcionarios del gobierno de Estados Unidos han sostenido que la diferencia entre Samper y Pérez Balladares es que el presidente de Panamá admitió públicamente que recibió en su campaña electoral fondos de un traficante colombiano y que entregó la evidencia a los investigadores.
LeoGrande recordó que la campaña de Pérez Balladares también recibió 665.000 dólares de un estafador bancario y presunto lavador de dinero, y consideró que el mandatario goza del apoyo de Washington porque "colabora totalmente" con el gobierno de Clinton en lo que refiere a la transferencia del Canal.
"El Canal es más importante para Estados Unidos que la droga", dijo LeoGrande.
En cuanto a Mexico, a pesar de su creciente importancia como centro de distribución y producción de drogas, el país evitó la ira de Washington porque juega un papel vital en otras cuestiones, en particular el comercio y la migración.
El combate al tráfico de drogas en México enfrenta una corrupción "resistente y profundamente arraigada", según funcionarios de Estados Unidos.
Pero "no podemos hacer en México lo que hemos hecho en Colombia porque hay mucho en juego", explicó LeoGrande.
Peter Andreas, analista político de la Institución Brookings, advirtió una conexión directa entre Colombia y México en las más recientes acciones contra la droga de Estados Unidos.
Según Andreas, la Casa Blanca promovió la "descertificación" y la revocación de la visa de Samper "para sacar a México de la atención del público y poner en ella a Colombia".
Esto no evita "la presión del Partido Republicano para golpear a México", acotó el analista, quien pronosticó la frontera sur de Estados Unidos servirá a Bob Dole para formular en su campaña presidencial una plataforma multitemática que incluirá el problema de las drogas.
Andreas sostiene que la actitud de Washington respecto de Colombia se define por razones de política domésitica, y su argumento se refuerza por el hecho de que ni la Casa Blanca ni el Departamento de Estado (cancillería) manifestaron el objetivo a largo plazo de la cancelación de la visa de Samper.
Un funcionario del Departamento de Estado que pidió reserva sobre su identidad dijo a IPS que esa medida fue, "más que nada, un importante gesto simbólico", pero insistió en que fue dirigido a una audiencia internacional y no doméstica.
Bill Spencer, subdirector de la Oficina de Washington para América Latina, calificó las recientes acciones contra Samper de "simbólicamente provocativas".
El manejo del gobierno de Clinton sobre Colombia, Panamá y México indican que la Casa Blanca "perdió el sentido de la proporción", dijo Spencer, según quien eso "es malo para las relaciones de Estados Unidos con el hemisferio". (FIN/IPS/tra- en/pz/yjc/mj/ip/96
