La Central Unitaria de Trabajadores de Colombia (CUT) acusó este miércoles al gobierno de dar un "tratamiento de guerra a la protesta social" al denunciar un operativo del ejército contra campesinos cocaleros.
Según la confederación sindical mayoritaria, la movilización de campesinos, en protesta por la declaratoria del departamento de Guaviare (al noreste) como Zona Especial de Orden Público, fue violentamente reprimida por el Ejército el pasado domingo en la localidad de El Retorno.
Para sectores de izquierda, esa categoría, que supone restricciones a la población civil, es "una nueva denominación para la vieja figura del estado de sitio".
Este miécoles la situación en la región seguía siendo tensa. Unos 20.000 campesinos mantienen ocupado el aeropuerto de Miraflores como medida de presión para que el gobierno envíe un representante con capacidad de decisión para buscar el diálogo.
En Guaviare confluyen grupos de la guerrilla y se concentra 40 por ciento de la producción de coca del país.
En el comunicado divulgado este miércoles, la CUT denunció que se registraron "varios muertos, innumerables heridos y algunos desaparecidos, incluyendo niños", en la movilización en la que el ejército afirmó que había infiltrados "narcoguerrilleros".
En un primer momento el ministro de Defensa, Juan Esguerra, aseguró que por parte del ejército "no hubo disparos" y que las heridas que presentaba un hombre exhibido sangrando por noticieros de televisión fueron causadas "por las esquirlas que producen las granadas con que se lanzan los gases lacrimógenos".
Sin embargo, este miércoles Esguerra se rectificó y admitió que existen "indicios" de que sus afirmaciones "pueden no corresponder con la realidad".
La aclaración del ministro se produjo luego de que el médico que atendió al campesino herido dijo que las lesiones fueron producidas con arma de fuego.
Esguerra consideró "un deber moral hacer la rectificación" de su afirmación inicial, que, según indicó, se basó en un informe elaborado por el Ejército.
El Defensor del Pueblo Jaime Córdoba pidió al gobierno investigar los hechos y determinar si efectivamente los militares dispararon sobre la población civil, como lo señalan las denuncias de la CUT, y si había presencia de insurgentes en la manifestación.
La actividad de los agentes del Estado para preservar el orden público debe estar enmarcada en las normas que regulan "el uso de la fuerza y el empleo de las armas de fuego", según las cuales estas sólo deben utilizarse cuando sea "estrictamente necesario", subrayó.
La Red Nacional de Iniciativas para la Paz y contra la Guerra, integrada por organizaciones defensoras de los derechos humanos) criticó la actuación del ejército.
El gobierno debe adoptar "una política de paz integral" que involucre no sólo a los actores armados sino que que "comprenda la solución de los factores que originan la violencia y que están propiciando las protestas y que se busca acallar".
Según las organizaciones no gubernamentales defensoras de los derechos humanos, más que declaratoria de Zona Especial de Orden Público lo que Guaviare requiere para enfrentar la crisis es que que se la declare "Zona Especial de Inversión Social".
Los campesinos indican que como consecuencia de las restricciones que impuso el gobierno están aislados del resto del país, pues el principal medio de transporte, el aéreo, está prácticamente paralizado.
Igualmente, se les ha restringido la venta de gasolina y cemento bajo el supuesto de que son utilizados como insumos para el procesamiento de cocaína y se ha reducido el suministro de alimentos con el argumento de que son desviados hacia la guerrilla.
Los campesinos alertaron que como consecuencia de estas restricciones los precios de los productos de primera necesidad se han quintuplicado, aunque los grandes empresarios de la coca, que representan 11 por ciento de la población del Guaviare, se han marchado del área. (FIN/IPS/yf/dg/ip-hd/96
