Las violaciones a los derechos humanos en Venezuela aumentan desde hace dos años, bajo el gobierno de Rafael Caldera, afirmó este viernes el secretario general de Amnistía Internacional (AI), el senegalés Pierre Sané.
"La tortura está aumentando, por funcionarios policiales que se comportan como impunes poseedores de la ley, las condiciones de las cárceles son desastrosas y se observa una falta de voluntad política para enfrentar esos crímenes", dijo Sané.
Existe, "como en otros países de la región, una brecha entre la retórica gubernamental y la realidad, y faltan acciones del gobierno, de las autoridades de justicia y del parlamento" para mejorar la situación de los derechos humanos, agregó.
Sané pidió, en diálogo con periodistas, parlamentarios y activistas de derechos humanos, "una ley que sancione los delitos de tortura, y mejorar las cárceles, pues las condiciones de una sociedad se pueden medir por las de sus prisiones".
Según el relator de AI para Venezuela, el argentino Morris Tidball, "la situación de los derechos humanos es mucho peor que hace dos años, incluídas las condiciones de trabajo de sus defensores y las réplicas oficiales que reciben".
La misión que encabezó Sané intentó reunirse con Caldera, pero no fue posible y el gobierno asignó al ministro de Secretaría de la Presidencia, Asdrúbal Aguiar, la recepción de un memorando con las principales preocupaciones del organismo humanitario.
Estas son la impunidad con que actúa la fuerza pública, las ejecuciones extrajudiciales, sumarias y arbitrarias, la tortura, la persistencia de la ley de Vagos y Maleantes, las condiciones penitenciarias y las violaciones de derechos humanos en zonas rurales y fronterizas.
AI, además de la "decepción" por la falta de diálogo directo con Caldera, "registra con mucha preocupación el discurso oficial del gobierno, que equipara a los defensores de los derechos humanos con defensores de los delincuentes".
Portavoces del Ejecutivo, como el canciller Miguel Angel Burelli, han dicho que los organismos humanitarios olvidan en su defensa de los derechos humanos de delincuentes que éstos, a menudo, "han secuestrado los derechos de todo un barrio".
El documento senala que "las fuerzas de seguridad se han visto alentadas por una atmósfera de impunidad, acrecentada con las continuas violaciones de derechos humanos que éstas cometen, principalmente contra sectores desposeídos y marginales".
Como ejemplos se citan detenciones en Caracas, en marzo de 1995 y junio de 1996, de activistas sociales, "entre ellos defensores de derechos humanos, por sus actividades pacíficas. Varios activistas de base fueron torturados".
Respecto de la ejecuciones, "decenas de personas siguen encontrando la muerte cada mes en operaciones policiales destinadas ostensiblemente a combatir el delito".
Se cita un hecho de junio, donde la evidencia -presos filmados vivos y horas después presentados como muertos en un "enfrentamiento"- fue conocida por todo el país a través de la televisión.
En ese caso, los policías implicados fueron arrestados y entregados a un tribunal penal, donde enfrentarán juicio por homicidio calificado en grado de co-responsabilidad.
Respecto de las condiciones penitenciarias, AI "observa con alarma que, a pesar de que el gobierno ha reconocido el problema, no ha mejorado la dureza extrema, incluyendo severo hacinamiento, condiciones sanitarias deficientes y falta de seguridad".
Tidball dijo que vio en la enfermería del caraqueño Retén de Catia -a cuyas puertas se detuvo el Papa Juan Pablo II en febrero, para destacar la situación penitenciaria- a presos que "agonizan de tuberculosis sin ayuda médica alguna, sin agua y mientras las cloacas se rebasan'.
"Un tuberculoso de 32 años, que me pidió no dar su nombre, está moribundo sin tratamiento médico alguno. Tiene seis años preso sin sentencia, fue detenido por hurto y la máxima pena que podría recibir -y aún puede que sea inocente- es de ocho años de cárcel", dijo Tidball.
Para el experto "allí hay un caso claro de negligencia criminal por parte de las autoridades del gobierno, de la fiscalía (que vela por la observancia de las leyes) y de la administración de justicia".
Sobre la tortura, AI "en repetidas ocasiones ha llamado la atención de las autoridades venezolanas sobre el uso generalizado de la tortura", así como "la falta de salvaguardas efectivas a las personas en detención preventiva", señaló el memorando.
La ley de Vagos y Maleantes es objetada por AI y demás organizaciones de derechos humanos, porque permite detener a ciudadanos por tiempo indefinido, sin fórmula de juicio y a discreción de autoridades administrativas.
En las zonas rurales y fronterizas con Colombia, "teatro de operaciones" militares contra irregulares que penetran desde ese país, se cometen atropellos contra campesinos "y los responsables parecen haberse beneficiado de impunidad absoluta".
"La situación de los derechos humanos en Venezuela exige la adopción ugente de medidas efectivas que aseguren una mejora sustancial", concluyó el memorando remitido al gobierno.
Sané instaló en Venezuela una filial de la red de parlamentarios de AI, con diputados de las distintas corrientes políticas representadas en el Congreso, y se reunió con directores de su organización en América Latina.
También visitó la barriada de Antímano, en el suroeste de Caracas, donde dialogó con los habitantes sobre excesos policiales y el problema de los linchamientos de delincuentes por pobladas, de los que se han registrado una veintena de casos en los últimos dos años. (FIN/IPS/hm/dg/hd/96
