La delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que terminó este miércoles su primera visita a México en más de tres décadas, llevó a su sede de Washington abultados paquetes con decenas de expedientes y denuncias.
La apretada agenda de los delegados, que incluyó conversaciones con líderes políticos, religiosos, diputados, guerrilleros, ciudadanos y representantes de organizaciones humanitarias en cuatro de los 31 estados del país, se cerró con una audiencia concedida por el presidente Ernesto Zedillo.
Entre los documentos que los miembros de la CIDH recogieron en México se encuentra uno de cerca de 200 páginas de la Red de Organismos Civiles de Derechos Humanos "Todos los Derechos para Todos", en el que se acusa al gobierno de cometer graves violaciones de las garantías individuales.
En el gobierno de Zedillo, iniciado en diciembre de 1994, no se han respetado los derechos humanos, no ha habido justicia social y tampoco ha imperado la ley. Además con la recurrente aplicación de medidas de excepción, como la movilización de militares, se ha provocado graves violaciones, sostiene la Red.
Del gobierno, desde donde salió la invitación formal a la CIDH, los delegados recogieron declaraciones en las que se aseguró que en México impera la ley y hay un firme interés oficial por garantizar la plena vigencia de los derechos humanos.
El presidente de la CIDH, Claudio Grossman, reconoció que la delegación recibió de las autoridades mexicanas todas las garantías para realizar su trabajo e indicó que el organismo, que es parte del sistema de la Organización de Estados Americanos (OEA), emitará un informe en octubre.
Grossman recordó que no existe obligación legal de ningún gobierno para aceptar los dictámenes de la CIDH.
Durante su presencia en México, país que aduciendo razones de soberanía se había negado hasta ahora a recibir a la CIDH, los delegados de la Comisión exhortaron al gobierno a reconocer la jurisdicción de la Corte Interamericana de Justicia.
La CIDH, con sede en Washington, y la Corte, con sede en la capital de Costa Rica, son los principales soportes del sistema regional de promoción y protección humanitaria.
Sólo 17 de los 34 países que integran la OEA aceptan la jursidicción de la Corte. Entre los países que no reconocen a esa instancia están Canadá, Estados Unidos y México, socios del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLC).
Para la secretaria del grupo humanitario "Fray Bartolomé de las Casas", Marina Jiménez, "sería un acto de congruencia entre el discurso y los hechos" que México reconociera a la Corte.
Aceptarlo, como se hizo con la CIDH, no implicaría renunciar a la soberanía, pues México se adhirió a la Convención América de Derechos Humanos en 1982, con lo que se comprometió internacionalmente a respetar las garantías individuales, añadió.
El hecho de que México no reconozca la jurisdicción de la Corte imposibilita a la CIDH enviar informes sobre este país, que luego podrían tranformarse en recomendaciones, indicó Oscar Fappiano, integrante de la delegación.
La visita de la CIDH incluyó el sureño estado de Chiapas, donde los delegados se reunieron con los representantes del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), grupo que presentó más de 100 denuncias y se quejó por la militarización de la zona y la presencia de grupos paramilitares.
Los miemros de la CIDH visitó también el estado de Guerrero para conocer sobre la matanza de 17 campesinos, cometida por la policía en 1995, y las recientes denuncias por la militarización en la zona, desde que apareció a fines de junio el Ejército Popular Revolucionario.
En el estado de Baja California, la delegación de la CIDH conoció denuncias sobre violaciones de los derechos humanos de los inmigrantes mexicanos en Estados Unidos. (FIN/IPS/dc/ag/hd/96
