El Papa Juan Pablo II solicitó al gobierno de Guatemala que deje sin efecto la pena de muerte dictada a dos acusados de violar y asesinar a una niña en 1992.
Pero el pedido llegó tarde, porque el presidente Alvaro Arzú ya negó el indulto, declaró el presidente del Congreso, Carlos García Regás.
García Regás dijo que "la petición del Papa merece todo el respeto y atención, pero, al analizarla dentro del contexto real y legal, esta llega cuando el presidente ya conoció el indulto y lo rechazó, habiendo salido de su ámbito legal el expediente".
La petición del Papa, conocida el jueves, avivó aún más la polémica sobre la aplicación de la pena de muerte, tema que desde hace varias semanas acapara la atención de los guatemaltecos.
Roberto Girón y Pedro Castillo, acusados de abusar sexualmente y asesinar a la niña Sonia Marisol Alvarez en 1992, iban a ser fusilados el martes pasado, una vez denegado el indulto solicitado al presidente, pero un amparo presentado a último momento por sus abogados postergó la sentencia.
El miércoles se conoció el pedido de abolición de la pena de muerte formulado por la Conferencia Episcopal de Guatemala.
"En los casos en los cuales es aplicable la pena de muerte, los jueces no deben sentirse afectados ni dejarse influir por cuestiones religiosas" indicó Donaldo García Peláez, secretario general de la Corte Suprema de Justicia.
El presidente del Congreso opinó que "debido al clima de inseguridad que vive la población a raíz del elevado índice de violencia, no procede en este momento" abolir la pena de muerte y aseguró que para ello debería convocarse a una Asamblea Constituyente, ya que está contemplada en la Constitución.
El Procurador de los Derechos Humanos, Jorge García Laguardia, consideró normal la solicitud de la Iglesia Católica y señaló que Arzú está en capacidad de volver atrás en su decisión de denegar la gracia presidencial.
El Defensor del Pueblo de España, Fernando Alvarez, envió una carta a García Laguardia en la que señala que "la aplicación de la pena de muerte no sólo quebranta sin remedio el derecho fundamental a la vida, sino que también podría dañar gravemente la credibilidad de la joven democracia guatemalteca".
Alvarez señaló que "existe una conmoción" por la noticia de que podría aplicarse la pena capital contra los dos campesinos sentenciados, y solicitó al presidente guatemalteco que "conceda el indulto a los condenados, a pesar de la evidente naturaleza atroz de los delitos perpetrados".
También se conoció este viernes la petición en el mismo sentido del Procurador de los Derechos Humanos de Honduras, Leo Valladares.
En contraste con la opinión de la Iglesia Católica, el presidente de la Alianza Evangélica de Guatemala, Marco Antonio Rodríguez, manifestó que "la pena de muerte debe aplicarse en el país, porque es un recurso contemplado en el sistema jurídico vigente".
En este siglo fueron fusiladas en Guatemala 48 personas, la mayor parte de ellas durante la dictadura del general Efraín Ríos Montt (1982-83). En ese período, los tribunales de fuero especial ordenaron la ejecución de al menos 16 personas.
En tanto, existe gran expectativa sobre la respuesta del gobierno a la petición del Papa, ya que no se sabe como reaccionará ahora Arzú, quien se encuentra entre la presión internacional a favor del indulto y la de los guatemaltecos, que mayoritariamente claman por la aplicación de la pena capital. (FIN/IPS/cz/ag/ip-hd/96
