Líderes de de 60 comunidades indígenas de Colombia mantienen ocupada la sede de la Conferencia Episcopal para pedir al gobierno acciones concretas en defensa de sus derechos.
"Ya estamos cansados de que el gobierno nos cite rápidamente a una reunión para hablar de los muertos sin que se haga nada efectivo para solucionar la situación", dijo a IPS Abadio Green, presidente de la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC).
El local de la Conferencia Episcopal fue ocupado el día 5 para pedir a los obispos allí reunidos en el marco de su conferencia anual que intercedan por la defensa del derecho a la vida de los indígenas y el cumplimiento de pactos firmados por el gobierno respecto a la localización de las comunidades nativas.
Entre 1990 y este año, la guerra cruzada de la insurgencia y el ejército, el narcotráfico y los grupos paramilitares de derecha, generó la muerte de unos 200 indígenas, que representan 2,9 por ciento del total de laa población nacional.
La guerrilla acusa a algunos indígenas de colaborar con el ejército y el ejército de ser aliados de los insurgentes. A su vez el narcotráfico y los paramilitares los intimidan para que abandonen sus tierras y luego apropiarse de ellas.
Según Green, como consecuencia del resurgimiento de la violencia en los territorios indígenas, este año han sido asesinados desde mayo seis líderes de la comunidad nórdica zenú.
El último de ellos fue Saúl Baltazar, a quien cinco hombres encapuchados sacaron el día 2 en horas de la madrugada de su vivienda en San Andrés de Sotavento y lo asesinaron frente a su mujer y sus hijos.
Baltazar era director regional del Movimiento Indígena Colombiano (MIC) y fue asesinado una semana después de haber regresado de Bogotá donde participó en el Primer Seminario Nacional sobre Cultura Legislativa para Juventudes Indígenas.
A él le precedieron Manuel Beltrán, miembro del Concejo Municipal zenú, el 16 de mayo, y Alejandro Teherán, secretario general del Cabildo Mayor Indígena, el 25 del mismo mes.
Otros zenúes asesinados fueron José Carpio, de cuya muerte es responsabilizada la policía, y Pedro Hernández y Manuel Hernández, que lideraban procesos de reclamación de tierras.
El 24 de junio 45 indígenas de la comunidad wayúu, del norteño departamento de la Guajira (donde se encuentra la mayor mina de carbón a cielo abierto de América Latina) habían ocupado la Dirección de Asuntos Indígenas en Bogotá para protestar por el incumplimiento de compromisos gubernamentales.
Igualmente, otros 25 indígenas de la comunidad Emberá-Katío (noroeste) ocuparon el día 8 el Instituto de la Reforma Agraria en reclamo de que se los reubique en las tierras que les fueron prometidas.
El gobierno prometió a los emberá-katíos sanear la reserva indígena de Rio Verde como parte de los acuerdos a que llegaron en 1994, cuando fueron expulsados de sus tierras para dar paso a la construcción de la represa de Urrá.
Para la ONIC, estas movilizaciones indígenas se inscriben en la lucha contra "el estado de marginalidad y de tutelaje" que sufren las comunidades.
Según Gabril Muyuy, senador en representación del MIC, el gobierno "ha respondido muy lentamente" a las demandas que se le han planteado.
Los indígenas reclaman el nombramiento de una Comisión para la Defensa de los Derechos Humanos, en la que participen la Fiscalía (máximo organismo de investigación de la justicia), la Procuraduría (fiscal del Estado), la Defensoría del Pueblo y representantes del gobierno y las comunidades autóctonas.
También solicitan que una veeduría internacional supervise el cumplimiento de los compromisos que se acuerden.
Los derechos humanos y la legalización de la propiedad de las tierras que controlan los indígenas, algunas desde la época colonial (como los "resguardos") deberían ser temas centrales de ese organismo.
Los indígenas piden igualmente al gobierno cumplir la Constitución de 1991, que determina un nuevo ordenamiento territorial de sus comunidades y consagra el derecho de las poblaciones autóctonas a crear sus propios departamentos y municipios.
Reclaman por otra parte que el gobierno no negocie acuerdos internacionales sobre los recursos naturales y genéticos sin que ellos sean consultados. (FIN/IPS/yf/dg/pr-hd/96
