Como en una película de suspenso, el gobierno cubano ha apretado poco a poco la soga del sistema tributario en torno del cuello de los trabajadores por cuenta propia.
"Nos quieren estrangular", dijo Eddy Jiménez, propietario de un restaurante en el municipio habanero de Regla, que se propone "cerrar el negocio si los impuestos se mantienen y la ganancia no sube".
Mientras las autoridades creen que la raíz de las protestas se halla en la ausencia de una cultura tributaria, Jiménez está seguro de que los impuestos "son un instrumento estatal para frenar el trabajo independiente".
Los impuestos son, en efecto, una novedad para la mayoría de los cubanos, incluso para quienes se encargan de su aplicación.
Por otra parte, la "alergia oficial al fantasma de los nuevos ricos" amenaza la paz del trabajo por cuenta propia, una actividad que alivia el desempleo y mejora los servicios a la población.
Según fuentes especializadas, el llamado autoempleo pone al gobierno ante un dilema, pues si bien se presenta como alternativa ante la desocupación, también puede deteriorar la igualdad social.
La Central de Trabajadores de Cuba, única organización sindical de la isla, informó que en abril, el desempleo afectaba a siete por ciento de la población económicamente activa, compuesta por 5,6 millones de personas.
Angela Ferreol, experta del Instituto Nacional de Investigaciones Económicas, señaló que "la actividad por cuenta propia aparece como una opción de empleo importante" cuando se impone una reorganización del sector empresarial estatal.
"Se pretende que la restructuración del empleo sea un elemento que contribuya a la creación de condiciones para aplicar un nuevo sistema de gestión empresarial, que eleve la eficiencia de la producción e impulse la recuperación económica", dijo Ferreol.
Conocido como "redimensionamiento de la economía", el proceso de ajuste estructural prevé el traspaso a cooperativas de tierras agrícolas de propiedad estatal y la entrega de tierras en usufructo a familias dispuestas a establecerse en el medio rural.
Tanto la ampliación del trabajo por cuenta propia en 1993, como el comienzo de la reforma laboral en 1995, fueron medidas "inevitables", que las autoridades no habrían tomado si hubiera quedado otro remedio.
El presidente Fidel Castro reconoció el último año que su gobierno se vió obligado a tomar decisiones que no son totalmente de su agrado como única vía para frenar la caída en picado de todos los sectores de la economía nacional.
Expertos locales atribuyen la peor crisis de la segunda mitad de este siglo a la combinación de errores en la conducción de la economía con el impacto de la desaparición del socialismo en Europa y la profundización del bloqueo estadounidense al país.
Tres años después del comienzo de la depresión económica, el gobierno decidió aplicar un amplio programa de ajuste que incluye la apertura al capital extranjero y la reformas financiera, laboral, empresarial, bancaria, tributaria y de la propiedad.
El paquete de medidas, introducido de forma gradual los dos últimos años, sucedió a una caída de 34,3 por ciento del producto interno bruto respecto de 1989.
"Cuba no se propone ser ni un paraíso fiscal ni un infierno fiscal", dijo en junio Rafael González, viceministro de Finanzas y Precios y director de la Oficina Nacional de Administración Tributaria (ONAT).
Según la ONAT, los trabajadores por cuenta propia aportaron al fisco más de 83 millones de pesos (igual en dólares, al cambio oficial) en los primeros cinco meses de este año. La suma mencionada representa 70 por ciento de la recaudación aguardada por esa vía en todo el año.
La mayoría de los contribuyentes adscriptos a actividades por cuenta propia están registrados como elaboradores-vendedores de alimentos y bebidas. A esa categoría pertenecen 56.527 de los 206.000 "cuentapropistas".
"Desde que subieron los impuestos en febrero sólo saco 30 pesos limpios cada día", se queja Magdalena Ramos, una vendedora de dulces que parece olvidar que hace sólo un año ganaba unos siete pesos diarios como secretaria en una oficina estatal.
Ramos percibe en una semana el equivalente al salario mensual medio del país, calculado en 198 pesos.
Pero no está conforme con una política tributaria que emplea el mismo rasero para calcular la contribución de alguien como ella, radicada en la periferia de La Habana, y de la dueña de un negocio de dulces instalado en un punto de concentración de turistas.
El resquemor provocado por el alza de impuestos decretada en febrero alentó la deserción entre mayo y junio de unos 2.200 trabajadores por cuenta propia, que devolvieron su licencia para pasarse al mercado negro.
Pero ese fenómeno parece haberse limitado a la capital, donde las autoridades provinciales decidieron aplicar los impuestos de forma centralizada, en lugar de dejar la decisión a los concejos municipales, como lo estipula la ley.
"Ahora tratan de aflojar la mano", expresó Antonio Prado, un artesano favorecido por una corrección de cálculos destinada a estimular a los artesanos que venden en las áreas turísticas.
Aún sin reconocer errores, las autoridades anunciaron que, con algunas excepciones, los trabajadores por cuenta propia sólo tendrán que pagar la cuota mínima aprobada por el Ministerio de Finanzas y Precios y no el incremento dispuesto a principios de año.
La cuota incrementada seguirá en vigor para quienes desempeñan su actividad en el centro de la ciudad y para todos los propietarios de restaurantes, independientemente de su ubicación.
"El supuesto de que las autoridades quieren desestimular el autoempleo no pasa de ser un rumor", afirmó Ariel Terrero, especialista en temas económicos de la revista Bohemia, en un comentario para la emisora estatal Radio Reloj.
Los especialistas creen que el gobierno deberá aceptar la convivencia con un sector social independiente y perfeccionar el sistema tributario si pretende seguir el camino de las transformaciones económicas. (FIN/IPS/da/ff/lb/96
