El presidente de Estados Unidos, Bill Clinton, anunció hoy la suspensión por seis meses de las represalias previstas en la polémica ley Helms-Burton, promulgada para disuadir inversiones en Cuba.
El capítulo III de la ley, aprobada a iniciativa de los legisladores derechistas Jesse Helms y Dan Burton, habilita a ex propietarios de activos estadounidenses confiscados por el gobierno de Cuba a demandar ante los tribunales de Estados Unidos, a partir del 1 de noviembre, a compañías extranjeras que "trafiquen" con esos bienes.
De acuerdo con las instrucciones cursadas este martes por Clinton, los demandantes pueden contratar abogados y preparar los casos a presentar bajo el capítulo III de la ley hasta el 1 de febrero próximo.
En esa fecha, Clinton podría disponer una nueva suspensión del derecho de iniciar los juicios previstos en la ley, puntualizaron a la prensa altos funcionarios de la Casa Blanca.
Así mismo, Clinton se negó a bloquear el capítulo III, una medida que le solicitaban sus consejeros en política exterior y comercial, preocupados ante la fuerte reacción de la Unión Europea (UE), Canadá y otros socios comerciales de Cuba.
Al negarse al bloqueo solicitado, Clinton admite el derecho de acción de los demandantes estadounidenses contra quienes "trafican" con casi 6.000 propiedades en Cuba, señaló Sandy Berger, viceconsejero de Seguridad Nacional.
"La amenaza de responsabilidad legal es real", dijo Berger, y agregó que "el enfoque del presidente no consiste en utilizar el capítulo III como maza, sino como palanca para promover la democracia en Cuba".
La decisión presidencial de este martes estuvo precedida de una formidable presión de Canadá, la UE y otros aliados de Estados Unidos, que amenazaron tomar represalias si Clinton implementaba plenamente la ley Helms-Burton.
Esos países argumentan que la extensión de la jurisdicción estadounidense a compañías extranjeras que negocian en un tercer país viola la ley internacional.
La UE advirtió esta semana que denunciaría a Estados Unidos ante la Organización Mundial de Comercio (OMC), y amenazó con crear una lista negra de firmas estadounidenses que intentan beneficiarse del capítulo III y conceder a empresas europeas el derecho a responder en tribunales de Europa.
La resolución de Clinton parece orientada tanto a apaciguar a los aliados de Washington como a los partidarios de la ley Helms- Burton.
Clinton "intenta guardar su torta y comérsela al mismo tiempo", señaló Jeff Thale, analista cubano de la Oficina sobre América Latina en Washington (WOLA).
Hasta esta semana, la mayoría de los analistas políticos predecían que Clinton no vetaría el capítulo III para enemistarse con las comunidades cubano-estadounidenses de Nueva Jersey y Florida, con vistas a las elecciones de noviembre.
Esos dos estados tienen importante peso electoral y se considera que aún no han dicho su última palabra, aunque las encuestas conceden a Clinton una ventaja de 30 puntos porcentuales sobre su oponente republicano Robert Dole en Nueva Jersey.
Dole fue patrocinador en el Senado de la ley Helms-Burton.
En cualquier caso, hay dudas de que el gambito de Clinton de este martes calme a los aliados extranjeros y los impulsores de la Helms-Burton. La reacción inicial fue poco entusiasta de ambas partes.
"Retrasando esto por seis meses, (Clinton) está brindando socorro a Fidel Castro", dijo Burton a la cadena televisiva CNN tras el anuncio.
El embajador canadiense Raymond Chretien, quien ha criticado duramente la Helms-Burton, dijo que, aunque conforme con la suspensión, "esperamos que Clinton tome la decisión para siempre".
Chretien reiteró las fuertes objeciones de Canadá al capítulo IV del proyecto, que niega visas a ejecutivos extranjeros con inversiones en Cuba y sus familias.
La semana pasada, Washington envió cartas de advertencia a ejecutivos de Sherritt International, empresa minera canadiense, avisando que no podrían ingresar a Estados Unidos.
La Helms-Burton fue aprobada en febrero, menos de una semana después que aviones cubanos derribaran dos aviones civiles estadounidenses piloteados por un grupo anticastrista con sede en Miami, en el límite del espacio aéreo cubano, causando la muerte de cuatro tripulantes.
La indignación fue grande en la comunidad cubanoamericana en Florida, y rindiéndose ante el clima político, Clinton firmó el proyecto para convertirlo en ley.
Antes del derribo de los aviones, Clinton había dicho que respaldaría el proyecto a condición de que el capítulo III fuera omitido. El gobierno alertó en ese momento que las disposiciones de la ley desatarían decenas de miles de juicios y paralizarían el sistema judicial federal.
Además, advirtió que provocaría a los aliados de Estados Unidos, al extender la jurisdicción estadounidense a compañías extranjeras mas allá de sus fronteras.
Estas medidas "extraterritoriales" contradicen a quienes proclaman el libre comercio, y la UE, en particular, temía que el precedente de Cuba pronto fuera seguido de otras leyes estadounidenses que amenazarían a empresas extranjeras con inversiones en Irán y Libia.
Europa no está sola en su oposición. Canadá y México, socios de Washington en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLC), también han denunciado la ley, informando que lanzarán consultas formales en el acuerdo comercial, vigente hace dos años. El parlamento canadiense considera además medidas de represalia. (FIN/IPS/tra-en/jl/ff-lp/ip-if/96)
