El presidente de Cuba, Fidel Castro, afirmó que la ley estadounidense Helms-Burton es una "espada de Damócles" que pende sobre la soberanía de los naciones y las relaciones comerciales internacionales.
El diario Granma, órgano oficial del Partido Comunista, reprodujo este sábado declaraciones de Castro a la prensa española sobre la amenaza para el mundo de una ley supuestamente dirigida sólo contra Cuba que "crea un precedente funesto, en contradicción plena con todos los principios internacionales".
El presidente cubano apreció "contradicciones" en la decisión de su homólogo estadounidense Bill Clinton de aprobar y aplazar en seis meses la entrada en vigor del capítulo III de la ley Helms- Burton.
Dijo que el aplazamiento en seis meses de la entrada en vigor de la ley "es una especie de tomadura de pelo al mundo" y aseguró que el presidente Bill Clinton es "víctima de su propio error", por haber aprobado de manera irreflexiva una norma elaborada por sus adversarios políticos, los republicanos.
Clinton firmó la ley Helms-Burton, el 12 de marzo, como parte de una serie de represalias contra Cuba por el derribo de dos avionetas civiles de una organización de exiliados de Miami.
La decisión anuló un proceso que intentaba conciliar las diversas versiones del proyecto de ley, aprobadas por la Cámara de Representantes y el Senado, y que, según analistas, excluiría de la propuesta final los aspectos más polémicos de los capítulos III y IV.
Destinados a frenar la inversión extranjera en Cuba y todo tipo de vínculo comercial de la isla con otros países, los acápites citados violan expresamente las normas de la Organización Mundial de Comercio (OMT) y el derecho internacional por su carácter extraterritorial.
El capítulo III de la ley establece el derecho de los ciudadanos norteamericanos, incluidos los de origen cubano, a demandar a firmas extranjeras que inviertan en sus antiguas propiedades en Cuba.
El capítulo IV niega la visa de entrada a Estados Unidos a todos los directivos de empresas de terceros países que mantengan negocios con el país caribeño y sus familiares.
"Realmente, creo que nosotros cometimos un error al creer en las promesas del gobierno de Estados Unidos", dijo Castro sobre el intercambio de comunicación bilateral respecto de las violaciones del espacio aéreo cubano.
Antes de la llamada "crisis de las avionetas", desatada el 24 de febrero, Cuba había enviado a Estados Unidos "infinidad de advertencias" e incluso contaba con una promesa de Washington de que impediría las violaciones de su espacio aéreo, aseguró.
"Inesperadamente para nosotros se produjo. Los mecanismos de defensa estaban organizados, preparados, porque son cosas que ocurren en cuestión de segundos y al producirse la violación, actuaron", dijo Castro.
Tras el derribo de las dos avionetas, que fue investigado por la Organización de la Aviación Civil Internacional, La Habana denunció vuelos no planificados de aviones estadounidenses por su corredor aéreo y grupos del exilio cubano continuaron organizando flotillas para acercarse a la isla por mar y aire.
Por último, un nuevo foco de conflictos surgió este mes con el caso del teniente coronel cubano José Fernández Pupo, quien secuestró un avión y lo desvió hacia la Base Naval de Guantánamo, enclave militar estadounidense a 970 kilómetros de La Habana.
Castro advirtió que si Estados Unidos decide otorgarle asilo político estaría violando los acuerdos migratorios entre ambos países y las leyes internacionales sobre piratería aérea.
Washington anunció el día 8 que el caso de Fernández Pupo tenía tres posibles salidas: repatriarlo a Cuba, procesarlo en Estados Unidos o concederle asilo político.
Castro consideró absurdo que se diera asilo a un secuestrador de aviones, porque alentaría las salidas ilegales y la piratería aérea cuando tanto Cuba como Estados Unidos están interesados en el mantenimiento de los acuerdos suscritos, para sustituir la emigración ilegal por un proceso migratorio ordenado.
El presidente cubano afirmó que Clinton se encuentra en una situación comprometida al tratar de evitar un conflicto con la comunidad internacional que se opone a la ley Helms-Burton y, al mismo tiempo, no enemistarse con los sectores radicales del exilio cubano, que le exigen medidas más duras contra la isla. (FIN/IPS/da/ag/ip/96
