La Fiscalía General de Colombia cerró hoy la investigación que seguía a Fernando Botero, ex gerente general del comando electoral del presidente Ernesto Samper y ex ministro de Defensa, y Juan Manuel Abella, ex director financiero.
Botero acusó a Samper de estar en conocimiento de la filtración de dinero del narcotráfico para financiar su campaña a la presidencia.
La Fiscalía recibirá los respectivos alegatos finales, tras lo cual en las próximas deberá declararlos inocentes o acusarlos ante la justicia sin rostro, para que sean llevados a juicio penal.
Los abogados de Botero y Abella tendrán 10 días hábiles para presentar los alegatos antes de que la Fiscalía Regional de Bogotá tome la decisión final.
Botero, quién se presentó voluntariamente a las autoridades el 15 de agosto de 1995 y se encuentra detenido en la Escuela de Caballería, enfrenta cargos de enriquecimiento ilícito y falsedad ideológica en documento privado.
Luego de cinco meses de detención, el ex ministro de Defensa decidió colaborar con la Fiscalía General, solicitando en varias oportunidades ampliación de indagatoria, en las cuales confirmó el ingreso de aportes del Cartel de Cali para la financiación de la campaña electoral.
Botero declaró a los medios de comunicación que Samper tenía pleno conocimiento de estos aportes.
Abella, quien está detenido en la Cárcel Modelo de Bogotá acusado de enriquecimiento ilícito, también sería llamado a juicio y no recibirá ningún tipo de beneficio judicial, por no querer colaborar con la Fiscalía en la investigación.
También se encuentra detenido el ex contralor general de la República Manuel Francisco Becerra, sindicado del delito de enriquecimiento ilícito y de haber participado en política cuando ejercía un cargo público.
El abogado de Botero, Fernando Londoño, aseguró que la fotografía donde aparece Samper abrazando a Elizabeth Montoya de Sarria, señalada como intermediaria entre el Cartel de Cali y el comando de campaña, no es un fotomontaje, como declaró el mandatario a la cadena estadounidense Univisión.
La mujer, que fue asesinada el 2 de febrero pasado y estaba citada como testigo en el proceso sobre los presuntos aportes del narcotráfico a la campaña electoral, cobró notoriedad en 1995, cuando se conoció la grabación de una conversación telefónica en que el entonces candidato Samper la trataba con familiaridad.
Su esposo, Jesús Sarria, un ex sargento de policía que se encuentra detenido por el mismo proceso, dijo entonces que el gobierno podría haber ordenado su asesinato "por las cosas que ella sabía".
La afirmación del abogado de Botero se hizo luego de recibir el análisis del Centro Richards Forensic Services de Atlanta, uno de los laboratorios más prestigiosos de Estados Unidos, utilizado por los servicios de seguridad de ese país.
La entidad dictaminó que en el examen de la fotografía "no se encontró nada que pudiera indicar o sugerir en cualquier forma que los documentos son fotomontaje o reproducciones alteradas".
"La fotografía es auténtica y no hay huella, vestigio alguno de que sea el resultado de una alteración, o sea, el resultado de un montaje", reiteró Londoño.
"El presidente está abrazando a una mafiosa y presencian la escena otros dos mafiosos que todo el país conoce", concluyó el abogado de Botero. (FIN/IPS/amg/ag/ip/96
